Fiscalía vincula a 11 procesados más por lavado de activos en el Caso Blindados

Fiscalía vincula a 11 procesados más por lavado de activos en el Caso Blindados Fiscalía vincula a 11 procesados más por lavado de activos en el Caso Blindados. Foto: FGE

Caso Blindados: Avances en la Corte Nacional de Justicia

El Caso Blindados sumó un capítulo clave durante la audiencia de vinculación desarrollada en la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía General del Estado formalizó la inclusión de 11 nuevos procesados en la causa que investiga un presunto delito de lavado de activos. La presencia del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, marcó el inicio de una jornada en la que se expusieron elementos de convicción dirigidos tanto a personas naturales como a jurídicas.

Esquema financiero y delitos precedentes

La trama de corrupción gira en torno a transacciones financieras que alcanzan un monto estimado de USD 9 millones. Según las investigaciones, la estructura involucra directamente al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, junto a jueces, particulares y empresas. Los recursos habrían transitado hacia cuentas del burgomaestre, sus familiares y firmas afines, con ramificaciones que incluyen adquisición de bienes y depósitos en el exterior. La tesis fiscal sostiene que el lavado de activos se sustenta en delitos precedentes de cohecho y prevaricato. Las operaciones sospechosas salieron a la luz en noviembre de 2025 tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas formulado por la UAFE.

Solicitud de medidas cautelares y extensión del proceso

Con la incorporación de siete personas naturales y cuatro jurídicas, la nómina de procesados se amplía respecto a los ocho implicados iniciales, entre los que figuran el propio Vicko Villacís y otros ciudadanos. Dada la condición de los jueces investigados, la competencia legal se radicó en la Corte Nacional. Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Carlos A., Simón M. e Iván S. Mientras que para Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O. requirió arresto domiciliario con dispositivo electrónico. Para las entidades jurídicas, el Ministerio Público solicitó el congelamiento e inmovilización de fondos y la prohibición de enajenar bienes para evitar la obstaculización del juzgamiento del delito de lavado de activos.

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La jueza a cargo suspendió la sesión para deliberar sobre las medidas reales y personales solicitadas, fijando la reinstalación de la audiencia para este miércoles 2 de septiembre.

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