Alcalde Vicko Villacís es detenido en operativo por lavado de activos y corrupción

Red de lavado de activos salpica a altas autoridades municipales y judiciales

Una investigación conjunta de doce meses golpeó las estructuras del crimen organizado en el país. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos. Durante la madrugada contra una presunta red de lavado de activos. El operativo interinstitucional desarticuló una presunta red financiera ilegal vinculada directamente con el actual alcalde de Esmeraldas. Las autoridades judiciales ordenaron la detención de la autoridad municipal junto a otros siete implicados para fines investigativos.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico aportó los indicios técnicos clave para detectar el esquema fraudulento. El mecanismo operaba presuntamente mediante el desvío de capitales a través de consorcios comerciales con participación de funcionarios públicos. Los agentes procesaron evidencias en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos de manera coordinada. Las fuerzas del orden desplegaron doscientos servidores policiales y catorce fiscales calificados para asegurar la cadena de custodia de las pruebas.

Personas detenidas con fines investigativos

Esmeraldas

• Villacís Tenorio Vicko Alfredo, alcalde de Esmeraldas.
• Reyna Tenorio Luis Jheovanny, beneficiario de dinero en efectivo producto de la acción de protección empleados vs. EP Petroecuador.
• Lastre Castillo Juan Alberto, abogado de la acción de protección trabajadores vs. EP Petroecuador.
• Montaño Tenorio Diego Geovanny, funcionario de la Unidad Judicial de Atacames.
• Lemos Hurtado Carol Zuleyka, funcionaria de una ONG de Esmeraldas y del GAD Esmeraldas.
• Monte Baguí Jonathan Geovanny, funcionario de la Unidad Judicial de Atacames.

Sucumbíos

• Pinos Galindo Jorge Bolívar, actual juez del Consejo de la Judicatura en Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas

Santa Elena

• Salcedo Tomalá Kleber Andrés, ex Juez

Resultados del operativo

• 200 servidores policiales
• 14 fiscales
• 18 allanamientos, 12 en Esmeraldas, 1 en Santa Elena, 2 en Nueva Loja (Sucumbíos), 3 en Quito (Pichincha)

Millonarias transacciones comerciales bajo la sombra del crimen organizado

El centro de la auditoría forense apunta a una compañía pesquera donde el burgomaestre posee la mayoría de acciones. Esta firma mantenía relaciones comerciales sospechosas con entidades procesadas previamente por blanqueo de capitales ligados al narcotráfico. Las indagaciones fiscales conectan estos movimientos con líderes caídos de bandas delictivas que operaban en el perfil costanero de Manabí. La red habría colocado cerca de 17 millones de dólares de procedencia ilícita dentro del sistema financiero formal.

Los reportes tributarios oficiales del principal sospechoso mostraban inconsistencias severas frente a los flujos reales de caja. El Servicio de Rentas Internas registraba ingresos declarados por apenas un cuarto de millón de dólares americanos. Sin embargo, las auditorías bancarias descubrieron movimientos superiores a los siete millones y medio de dólares en los últimos meses. El esquema criminal de lavado de activos, utilizaba transferencias hacia terceros y transportadoras de valores para dispersar el dinero de origen ilícito de forma rápida.

Jueces y funcionarios públicos implicados en el esquema de corrupción

El entramado delictivo extendió su influencia hacia operadores de justicia en distintas unidades del país. El operativo policial capturó a magistrados activos y exjueces en las provincias de Santa Elena y Sucumbíos durante las incursiones. Los investigadores vinculan a estos servidores con fallos judiciales polémicos y cobros irregulares derivados de acciones de protección estatales. La fiscalía sospecha que la organización destinó miles de dólares para el pago de sobornos a colaboradores estratégicos.

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Todos los elementos incautados pasaron a los laboratorios de criminalística para el peritaje técnico obligatorio. Los ocho ciudadanos arrestados esperan su respectiva audiencia de formulación de cargos ante los tribunales competentes de la República. Este caso reabre el debate sobre la infiltración de capitales de origen ilícito en la política local. Las instituciones estatales ratificaron que continuarán el proceso hasta desmantelar los nexos remanentes del lavado de activos.