Prisión preventiva para 9 procesados tras reporte de la UAFE por lavado de activos

Justicia dicta prisión preventiva para presunta red de lavado de activos

La Fiscalía General del Estado dio un paso decisivo en la lucha contra la criminalidad económica al formular cargos contra nueve ciudadanos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Tras una audiencia de formulación de cargos fundamentada en investigaciones técnicas, un Juez de la Unidad Especializada para Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para todos los procesados.

El origen: Reportes de operaciones inusuales

La investigación, liderada por la Unidad Antilavado de Activos, se originó en enero de 2025 tras recibir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) por parte de la UAFE. Este informe técnico reveló que diversas personas naturales utilizaban estructuras societarias en sectores como transporte, alimentos y seguridad para ocultar recursos de origen ilícito, integrándolos de forma fraudulenta al Sistema Financiero Nacional.

Operativo simultáneo en tres provincias

La madrugada del 20 de marzo de 2026, la Fiscalía ejecutó allanamientos coordinados en Pichincha, Los Ríos y Guayas. La operación resultó en la detención de los nueve principales sospechosos y de tres representantes de personas jurídicas vinculadas. Durante las intervenciones se incautaron:

• Importantes sumas de dinero en efectivo.
• Documentación societaria y financiera clave para la etapa de instrucción.

Medidas cautelares y vinculación de empresas

Además de la prisión preventiva para Pedro Álvaro R. F., Hans Estuardo T. C. y los otros siete procesados:

• Karla Fernanda M. M.,
• Rubén Asdrúbal P. Ll.,
• Carmen Yolanda U. P.,
• Parrish Andre J. E.,
• Blanca Yesenia G. B.,
• Miguel Gustavo Q. M.
• Alex José B. L.,

Además, el Juez dispuso medidas de carácter real para asegurar la posible reparación al Estado:

• Incautación de bienes muebles e inmuebles.
• Congelamiento de cuentas bancarias.
• Prohibición de enajenar propiedades.

La instrucción fiscal durará 90 días, periodo en el cual se espera la vinculación formal de seis personas jurídicas (empresas) implicadas en el esquema de blanqueo.

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Base Legal

El caso se procesa bajo el Artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el lavado de activos con penas privativas de libertad que pueden llegar hasta los 13 años, dependiendo de la gravedad y el monto del perjuicio.