Policía en servicio activo y pasivo más dos civiles enfrentan cargos por asociación ilícita
La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra trece personas por presunta asociación ilícita en Guayaquil. Entre los procesados constan policías detenidos en servicio activo y pasivo, además de dos civiles. Los implicados gestionaban una red criminal dedicada a la sustracción de evidencias. Operaban directamente dentro del Centro de Acopio de Indicios y Evidencias de la Zona 8.
La investigación previa inició en enero de 2026 tras un reporte de la DINASED. El informe alertó sobre la alteración sistemática de elementos custodiados en las dependencias policiales. Los involucrados comercializaban vehículos, autopartes y teléfonos celulares retenidos sin disponer de las órdenes judiciales de salida correspondientes.
El modus operandi y la venta ilegal de bienes
Entre las evidencias del caso destaca la comercialización irregular de un vehículo incautado en el patio de Chongón. El automóvil, retenido por un proceso de drogas, salió ilegalmente del sitio. Posteriormente, la red vendió el automotor por 12.000 dólares. El comprador identificó formalmente a uno de los uniformados como responsable de la transacción.
Para desarticular la organización, las autoridades ejecutaron dieciséis allanamientos en sectores clave como Los Vergeles, La FAE, Alborada, Pradera y los bloques policiales de la avenida Barcelona. Durante los operativos, los agentes incautaron teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.
Medidas cautelares y marco legal del proceso
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas, informes periciales, seguimientos y chats de WhatsApp. Con base en los elementos expuestos por el delito de asociación ilícita, el Juez de Garantías Penales ordenó prisión preventiva para cuatro agentes activos y uno en servicio pasivo.
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Los restantes ocho procesados, entre ellos seis uniformados y dos civiles, recibieron prohibición de salida del país. Además, deberán presentarse dos veces por semana ante el fiscal asignado. La instrucción fiscal se extenderá por noventa días. El Código Orgánico Integral Penal sanciona la asociación ilícita con penas de tres a cinco años de cárcel.