Judicatura destituye a jueza del caso magnicidio de Fernando Villavicencio

Destitución por falta gravísima de dolo a jueza del caso magnicidio de Fernando Villavicencio

En el marco de la sesión ordinaria Nro. 061-2026, celebrada este 21 de mayo de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió de forma unánime la destitución de la jueza Daniela Ayala. La exservidora judicial estuvo a cargo del proceso penal relacionado con el magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato a la Presidencia de la República, .

De acuerdo con la resolución del órgano de control, la juzgadora incurrió en la infracción disciplinaria gravísima de dolo. Esto ocurrió al no acoger, durante la respectiva audiencia de formulación de cargos, el pedido de prisión preventiva que fue sustentado y presentado por la Fiscalía General del Estado en contra de los procesados José Serrano y Xavier Javier.

Medidas cautelares ineficaces y falta de motivación

La investigación del Consejo de la Judicatura determinó que, sin contar con una motivación jurídica suficiente y adecuada, la exjueza dispuso que ambos implicados se presentaran periódicamente ante un consulado del Ecuador en los Estados Unidos. Sin embargo, la resolución carecía de mecanismos claros de control técnico y omitió determinar la autoridad específica que se encargaría de verificar el cumplimiento real de dicha medida alternativa.

Asimismo, el Pleno del CJ constató que la funcionaria actuó con negligencia intencionada al omitir variables críticas del perfil de los procesados:

• Estatus de prófugo: Uno de los sospechosos ya contaba con una declaratoria previa de prófugo de la justicia en un caso penal por delincuencia organizada.
• Impedimento material: El segundo procesado se encontraba materialmente imposibilitado de cumplir con comparecencias periódicas debido a que afrontaba un proceso activo de deportación en territorio estadounidense.

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Riesgo de fuga y resolución institucional

Las autoridades del Consejo de la Judicatura concluyeron que estas circunstancias particulares hacían evidente un altísimo riesgo de incumplimiento de las medidas alternativas, volviendo prácticamente improbable la comparecencia de los dos sujetos ante los tribunales del país.

Bajo este análisis técnico-legal, se ratificó que la jueza adoptó medidas de carácter meramente formal y totalmente ineficaces, desprovistas de sustento legal suficiente para asegurar el debido proceso y la presencia de los procesados dentro de la causa penal por el magnicidio de Fernando Villavicencio.