Golpe a la logística criminal: Fiscalización detecta infiltración en sistemas de tránsito municipales

Asamblea Nacional propone centralizar la matriculación para frenar al crimen organizado

Con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización. Dicho informe reveló una vulneración estructural en el sistema de tránsito del país. La investigación concluye que la emisión de matrículas no es víctima de errores informáticos, sino de una falla de gobernanza aprovechada por grupos de delincuencia organizada (GDO) como soporte logístico para sus actividades ilícitas.

Matrículas falsas vs. ilegales: El enemigo interno

El asambleísta José Luis Nango, ponente del informe, aclaró una distinción técnica fundamental para entender el problema:

• Matrícula falsa: Documento adulterado físicamente fuera del sistema.
• Matrícula ilegal: Documento generado dentro del sistema oficial mediante el uso de credenciales indebidas y accesos no autorizados.

La comisión identificó que al menos 15 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) resultaron intervenidos en el marco del Caso Jaque. Esto evidencia que el modelo de gestión municipal actual prioriza la recaudación sobre la seguridad y la integridad de los registros.

La propuesta: Centralización total

La resolución legislativa recomienda una reforma urgente a la Ley de Transporte Terrestre para que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recupere la competencia exclusiva de:

1. Gestión y administración del sistema de matriculación.
2. Administración de la base de datos vehicular nacional.

Bajo este nuevo esquema, los municipios (GAD) quedarían únicamente a cargo de la revisión técnica vehicular y el control operativo, siempre bajo estándares de supervisión nacional.

Notificación a Fiscalía y Contraloría

El informe será remitido a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que se inicien las acciones penales y administrativas contra los responsables de las manipulaciones internas. Con esto, se busca cerrar la puerta a la infiltración criminal que ha permitido a delincuentes circular con vehículos «legalizados» mediante procesos fraudulentos.

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