Exjueza de Montecristí deportada de EE. UU. recibe sentencia judicial
El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia impuso una condena de prisión de cinco años a Gina Z., exjueza multicompetente del cantón Montecristi. La resolución judicial acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado tras comprobar su responsabilidad en el delito de prevaricato.
La investigación contra la exmagistrada comenzó de oficio en marzo de 2023. En ese momento, las autoridades detectaron que la exfuncionaria ordenó la liberación de dos hombres condenados por femicidio. Dichos ciudadanos cumplían sus penas en el Centro de Rehabilitación Social El Turi, ubicado en la provincia de Azuay.
Ante este hallazgo, la Fiscalía tramitó un acto urgente para allanar el despacho de la procesada. Durante la diligencia, los agentes recolectaron diversos indicios que permitieron formular cargos formales por prevaricato.
Fuga, deportación y pruebas del caso
Pese a que el organismo de control reunió los elementos necesarios para llamar a juicio a la acusada, la causa quedó pausada porque la investigada se puso prófuga de la justicia. Su localización se dio en mayo de 2026, fecha en que las autoridades de Estados Unidos la deportaron hacia Ecuador para reanudar el proceso penal.
Durante la audiencia de juicio, el Fiscal Provincial de Manabí sustentó la acusación con testimonios de los policías investigadores y peritos encargados de la causa. Asimismo, incorporó el acta de reconocimiento del lugar, la cadena de custodia de las evidencias y los informes de extracción de datos practicados a los equipos informáticos incautados.
El expediente incluyó también la resolución del 3 de octubre de 2023 emitida por el Consejo de la Judicatura. Mediante dicha acta, el pleno destituyó a la exjueza al calificar sus actuaciones como error inexcusable. La medida administrativa detalló que la exfuncionaria favoreció indebidamente a implicados en delitos contra la propiedad y la vida, además de los dos sentenciados por femicidio.
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Ausencia de competencia legal
El análisis pericial y jurídico demostró que la exjueza de Montecristi Gina Z. actuó sin competencia territorial. Los reclusos beneficiados por sus fallos se encontraban en centros carcelarios situados en provincias ajenas a su jurisdicción, tales como Guayas, Cañar, Azuay, Pichincha y Loja.
El Código Orgánico Integral Penal sanciona la condena de prisión por esta causa con penas que van de cinco a siete años de libertad.