Golpe estratégico al robo y tráfico de combustibles en Esmeraldas
En el marco de la Estrategia Operacional 3D, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó una contundente intervención en la provincia de Esmeraldas. La operación contravino las dinámicas operativas de presuntas estructuras dedicadas al tráfico de combustible ilícito en la zona. Esta acción se desarrolló de manera articulada con la Fiscalía General del Estado mediante unidades de investigación especializadas.
El papel clave de la denuncia ciudadana y el Plan de recompensas 131
El desarrollo investigativo halló su punto de partida en información procesada mediante el Plan de Recompensas 131. Este canal permitió recabar y analizar elementos de convicción decisivos para identificar la participación de diversos ciudadanos en el acopio, manejo y comercialización no autorizada de derivados del petróleo. La colaboración ciudadana facilitó el mapeo operacional de la red en puntos estratégicos.
Allanamientos simultáneos e incautación de evidencias
Tras obtener las órdenes judiciales pertinentes, los uniformados ejecutaron siete allanamientos de manera simultánea. La Policía Nacional aprehendió en el sitio a cuatro ciudadanos y detuvo formalmente a otros cinco. Entre los procesados constan Marcos C. (54 años), Tito Ch. (38 años), Víctor P., Flavio Q. y Jean S. En tanto, Álvaro M., Genner D., Ariel M. y Ariel V. quedaron a órdenes del sistema de justicia bajo la condición de aprehendidos.
Durante los registros a los inmuebles, las fuerzas del orden recabaron evidencias materiales de alto valor probatorio. Entre los indicios decomisados figuran 4.020 galones de combustible líquido derivado de hidrocarburos (CLDH), cinco vehículos, diez dispositivos móviles, dos embudos plásticos, cinco metros de manguera industrial y diversa documentación vinculante.
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Procesamiento judicial y debido proceso
Las evidencias recolectadas fueron ingresadas bajo la cadena de custodia correspondiente para las pericias legales. Por su parte, los nueve implicados enfrentarán la audiencia de formulación de cargos, donde la autoridad judicial determinará su grado de responsabilidad procesal. Con esta intervención se busca frenar el avance de las economías ilegales asociadas al tráfico de combustible en el norte del país, reforzando la presencia institucional de la Policía Nacional en zonas de alto riesgo operativo.