Corte Nacional dicta medidas cautelares contra jueces involucrados en el Caso Blindados

Medidas cautelares para magistrados procesados

La Corte Nacional de Justicia dictó medidas cautelares contra cinco jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y un exjuez del cantón Atacames. La jueza Daniela Camacho dispuso la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas y el uso de dispositivos de vigilancia electrónica para los magistrados investigados.

Asimismo, la magistrada ordenó la retención de cuentas bancarias por $385.000 e inmovilizó bienes de los implicados. Un ciudadano particular también recibió el mismo tratamiento legal dentro de la causa penal. El tribunal concedió una prórroga de treinta días para extender la instrucción fiscal correspondiente.

Intervención a empresas vinculadas

El dictamen de la jueza Camacho alcanzó a tres empresas comerciales del sector. Las firmas REYPEZPACIFICA S. A., REYSOLUTIONWAHS S. A. y TEKNHIKMEC S. A. enfrentan la congelación de sus fondos en el sistema financiero nacional. La resolución dispone además la prohibición para vender sus activos y fija la intervención directa de la Superintendencia de Compañías.

El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, justificó la petición contra las personas jurídicas para salvaguardar la investigación. El representante del Ministerio Público señaló la existencia de riesgos procesales para evitar cualquier tipo de obstaculización durante las diligencias.

Red de corrupción y fondos millonarios

El origen de este expediente penal radica en un reporte de operaciones inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico durante 2025. Los análisis financieros identificaron movimientos sospechosos vinculados con un grupo de personas y sociedades mercantiles de la provincia. La tesis de Fiscalía sostiene que la estructura delictiva operaba bajo el liderazgo del actual alcalde de Esmeraldas, Vicko Alfredo Villacis Tenorio. El grupo presuntamente obtenía recursos públicos mediante el desvío sistemático deliberado de garantías jurisdiccionales.

Servidores públicos, familiares y personas particulares integraban la organización junto a diversas empresas fachada. Los sospechosos habrían incurrido en el delito de lavado de activos en concurso con cohecho y prevaricato dentro de la administración pública.

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Las cuentas bancarias de la red registraron ingresos inusuales por aproximadamente nueve millones de dólares. Estos montos millonarios correspondían a indemnizaciones fijadas en acciones de protección mediante reparaciones económicas desproporcionadas. Actualmente, quince personas naturales y tres entidades jurídicas enfrentan cargos penales formulados dentro de la causa. Las tres empresas sancionadas mantienen nexos comerciales directos con el alcalde de la localidad. La Fiscalía General del Estado fundamenta el proceso bajo las disposiciones del artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal.