Consejo de la Judicatura sanciona a jueces y destituye a defensor público

La Judicatura de Ecuador aplica medidas disciplinarias a jueces y destituye a un defensor público

El Pleno del Consejo de la Judicatura de Ecuador adoptó resoluciones sancionatorias contra funcionarios del sistema judicial durante la sesión extraordinaria número 103-2026. La institución dispuso la suspensión temporal de tres integrantes de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Las medidas recayeron sobre los magistrados identificados como S.V.V., W.C.A. y B.U.A.

La decisión institucional establece una suspensión de hasta tres meses sin goce de sueldo para los tres juzgadores. La causa de la medida radica en un presunto error inexcusable, ya que los funcionarios habrían rebasado sus competencias legales al evaluar el fondo de un expediente penal, cuando únicamente debían resolver la validez de la prisión preventiva solicitada.

Mercedes Caicedo Aldaz, titular del organismo, aclaró que la suspensión es un procedimiento estrictamente preventivo. La funcionaria señaló que este dictamen no representa una sanción definitiva ni fija responsabilidades concluyentes mientras transcurra el sumario disciplinario.

Destitución de defensor público por inasistencia a audiencia

En la misma jornada, el pleno del Consejo de la Judicatura de Ecuador resolvió destituir al defensor público P.O.V.G. La desvinculación ocurrió tras comprobarse su inasistencia injustificada a una audiencia programada para el 4 de junio de 2025 en una causa por tráfico de drogas.

Las investigaciones internas confirmaron que el servidor contaba con la asignación formal del caso y la notificación previa mediante los canales oficiales. La ausencia del profesional impidió la realización de la diligencia e indujo un riesgo procesal por la caducidad de la prisión preventiva del imputado.

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Protección de dependencias y refuerzo de seguridad judicial

A la par de las resoluciones disciplinarias por error inexcusable, la Presidencia del organismo rechazó los hechos violentos registrados en una unidad judicial del cantón Machala.

Ante este acontecimiento, la autoridad ordenó implementar acciones de resguardo en las sedes del país. La disposición contempla la coordinación con el Ministerio del Interior para proteger la infraestructura, el personal de las dependencias y a los vocales de la institución.