Con siete votos afirmativos, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. La decisión da cumplimiento estricto a la resolución expedida por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 17 de junio de 2026.
Durante el proceso, la mesa legislativa requirió información a distintas instituciones públicas y analizó alertas bajo criterios de reserva. Las autoridades actuaron con respeto al debido proceso para salvaguardar los datos sensibles recopilados.
Recomendaciones para entidades de control
El informe sugiere remitir los expedientes a la Fiscalía General del Estado para evaluar investigaciones penales. Asimismo, solicita a la UAFE análisis de inteligencia financiera y rastreo de activos sobre los involucrados.
Por su parte, la Contraloría General del Estado deberá ejecutar exámenes especiales a los casos en alerta roja y naranja. Los expedientes catalogados en alerta verde recibirán únicamente controles preventivos. Adicionalmente, el documento plantea que el SRI efectúe verificaciones patrimoniales rigurosas a las autoridades observadas.
Reformas legales y seguimiento institucional
El texto legislativo exige revisar posibles casos de nepotismo en coordinación directa con el Ministerio del Trabajo. Además, busca impulsar reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción y recuperación de activos ilícitos.
Fiscalía, Contraloría y UAFE deberán informar a la Asamblea Nacional en un plazo de 15 días. Este reporte detallará el inicio y avance de los procedimientos sobre los servidores públicos implicados. Los organismos competentes recibirán toda la documentación garantizando la protección de la información reservada.
Lea también🔗: Respuesta de la SNGR ante afectaciones por el Fenómeno El Niño en provincias costeras
Trámite en la Asamblea Nacional
Tras la aprobación, el presidente de la Comisión, Cristian Benavides, ordenó el envío del expediente a la presidenta del Parlamento, Mishel Mancheno. El documento continuará el trámite correspondiente en el Pleno legislativo.
La fiscalización de los incrementos patrimoniales busca frenar irregularidades en la administración pública local. La ciudadanía exige transparencia absoluta a sus autoridades territoriales para evitar la impunidad.