Decisión unánime en el CAL
En una resolución que marca el inicio de un nuevo proceso de control político en el Parlamento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó por unanimidad dar trámite formal a la solicitud de juicio político interpuesta en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano Díaz. El dictamen de admisibilidad se tomó tras la revisión y debate del informe técnico-jurídico no vinculante elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual certificó que el expediente cumple con los requisitos de forma exigidos por la ley.
La acusación constitucional fue impulsada de manera conjunta por los asambleístas de oposición Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna. Los legisladores interpelantes fundamentan el pedido de interpelación en un presunto incumplimiento de funciones de rango constitucional y legal por parte de la exsecretaria de Estado durante su gestión al frente de las carteras estratégicas de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como de Energía y Minas.
Plazos y traslado a la Comisión de Fiscalización
Con la luz verde otorgada por el máximo organismo de administración de la Asamblea, se activan los cronogramas preestablecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL):
- Remisión del expediente: La presidenta de la Asamblea Nacional dispone de un plazo máximo e improrrogable de tres días para enviar, a través de la Secretaría General, la solicitud formal de enjuiciamiento político al despacho de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político.
- Avocación de conocimiento: Una vez que la mesa de Fiscalización reciba físicamente el documento, su presidente tendrá un término perentorio de cinco días para convocar a sesión, avocar conocimiento de la causa y verificar de manera técnica el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República.
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El proceso en la mesa de control político
Si la Comisión de Fiscalización ratifica la validez jurídica de la solicitud, la mesa procederá a notificar formalmente tanto a los asambleístas proponentes como a la exministra Inés María Manzano. A partir de esa notificación, se abrirá la etapa de actuación de pruebas de cargo y de descargo, donde la exfuncionaria deberá comparecer ante el pleno de la comisión para presentar sus alegatos de defensa frente a las omisiones administrativas y políticas que se le imputan en los sectores ambiental y energético del país.
