Sentencian a 34 años, 8 meses al Asesino de Rider Sánchez

Sentencian a 34 años, 8 meses al Asesino de Rider Sánchez

El Tribunal de Garantías Penales sentenció a Ángel Diego M. B. a treinta y cuatro años con ocho meses de prisión por su implicación en el asesinato de Rider Sánchez, entonces candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Esmeraldas. La Fiscalía logró demostrar la culpabilidad del acusado en un caso que conmocionó a la sociedad ecuatoriana debido a su naturaleza política.

Los hechos del asesinato

El crimen se registró el 16 de julio de 2023 en la parroquia La Unión del cantón Quinindé, cuando Rider Sánchez se encontraba en un vehículo acompañado por tres colaboradores de su equipo de campaña, discutiendo temas políticos. Mientras estaban estacionados frente a un medio de comunicación, cuatro individuos armados abordaron el vehículo. Tras golpear el automotor y exigir que se abrieran las puertas, el conductor intentó escapar. Sin embargo, los atacantes abrieron fuego, impactando al conductor en la cabeza y el tórax, provocando que el vehículo se estrellara. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, Rider Sánchez falleció en el lugar.

Pruebas presentadas en el juicio

Durante el juicio, la Fiscalía presentó un conjunto sólido de pruebas que incluyó el informe de autopsia, testimonios de los policías presentes en la escena del crimen, el informe balístico y la reconstrucción de los hechos. Además, se contó con el testimonio anticipado de los acompañantes de la víctima y las pericias de audio y video que capturaron detalles clave del ataque. Estos elementos fueron fundamentales para la condena de Ángel Diego M. B., quien fue encontrado culpable de asesinato conforme al artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Reparación a los familiares de la víctima

Además de la sentencia de prisión, el tribunal ordenó el pago de una reparación integral de 100.000 dólares a los familiares de Rider Sánchez, como compensación por el daño causado. Este fallo es un mensaje claro en contra de la violencia política en el país, reafirmando el compromiso de las autoridades con la justicia y la protección de los derechos humanos.

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