Samuel Célleri presenta reforma para que niñez y adolescencia tenga derecho a la acción judicial

El asambleísta Samuel Célleri ha presentado una propuesta de reforma al artículo 31 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Esta iniciativa busca que niñas, niños y adolescentes cuenten con capacidad procesal. La reforma permite que estos menores puedan ejercer acción judicial directamente para la protección de sus derechos fundamentales.

Derechos a la acción judicial para la niñez

La propuesta establece que todos los menores deben contar con el patrocinio de un abogado, ya sea público o privado. Este profesional actuará siempre bajo el principio del interés superior del niño, garantizando un estricto respeto a sus derechos. La norma también especifica que las acciones judiciales interpuestas por niñas, niños y adolescentes tendrán carácter prioritario si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Esto incluye casos de violencia, abuso, explotación o discriminación.

Samuel Célleri destacó que este proyecto de reforma representa un avance significativo y histórico para la niñez y adolescencia del país. Considera que se reconoce el derecho de estos menores para intervenir en procesos judiciales y administrativos. La propuesta surge de un análisis conjunto con la academia y se basa en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales que promueven el interés superior del niño.

Comparaciones internacionales en derechos procesales

Desde la óptica de la experiencia comparada, el legislador señaló que países como Colombia, Argentina, Perú y México han implementado normativas similares. Estas disposiciones reconocen explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar en procesos judiciales y administrativos que les competen. Además, establecen mecanismos dedicados a su participación y representación en el ámbito legal.

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Armonización y protección a la infancia

La reforma busca cerrar los vacíos normativos existentes y alinear la legislación ecuatoriana con estándares internacionales sobre derechos humanos. El objetivo es consolidar un modelo procesal garantista que reconozca a los menores como sujetos activos en la administración de justicia. A través de estas medidas, se espera que se fortalezca la protección de los derechos de la infancia y adolescencia en Ecuador.

Este paso hacia adelante no solo busca mejorar la calidad de la justicia para los menores, sino también fortalecer su voz y presencia en el sistema judicial. Así, la reforma se convierte en una herramienta crucial para garantizar que los derechos fundamentales de la niñez sean respetados y promovidos efectivamente.