Militar y mujer procesados ​​por tenencia y porte ilegal de municiones en Tulcán

Militar y mujer procesados ​​por tenencia y porte ilegal de municiones en Tulcán

Un juez penal de Tulcán ordenó prisión preventiva para Édgar Javier CR, un militar en servicio activo, y Yesica Anabel E. por su presunta implicación en el delito de tenencia y porte no autorizado de municiones. El caso surgió tras un allanamiento ejecutado por las autoridades en el sector Vivienda Popular, al sur de Tulcán, el pasado 12 de diciembre de 2024.

Descubrimiento de las municiones

La intervención se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran información sobre un posible almacenamiento de armamento y municiones en el domicilio de uno de los implicados. Con las autorizaciones legales correspondientes, un equipo integrado por la Fiscalía, el Grupo Especial Móviles Antinarcóticos (GEMA), Criminalística de la Policía Nacional y personal militar ingresó al inmueble, donde se encontraron los dos procesados.

En el registro del domicilio, específicamente en el dormitorio, se encontró una funda plástica negra que contenía 797 municiones de diversos calibres. Además, se incautaron dos teléfonos celulares pertenecientes a los aprehendidos. Todos los elementos recolectados fueron ingresados ​​en la cadena de custodia , conforme al procedimiento legal.

Elementos de convicción presentados

Durante la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción. Entre ellos destacaron el informe investigativo, la parte de aprehensión, el informe de reconocimiento de evidencias y los documentos de identificación de los implicados. Con base en esta información, el juez dispuso el inicio de una instrucción fiscal de 30 días , conforme lo establece la normativa vigente.

Aspecto jurídico del caso

La Fiscalía fundamenta el proceso en el artículo 360.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) , que sanciona la tenencia y porte no autorizado de municiones con penas de entre 10 y 13 años de prisión . Este caso refuerza el compromiso de las autoridades de combatir actividades ilícitas relacionadas con armamento y seguridad en el país.

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