Mario Godoy destituido, censurado e inhabilitado con 148 votos

Legislatura destituye al presidente de la Judicatura

El Pleno de la Asamblea Nacional marcó un hito en su facultad de fiscalización este 18 de febrero de 2026. Con una mayoría abrumadora de 148 votos, los legisladores aprobaron la destitución, censura y inhabilitación contra Mario Fabricio Godoy Naranjo. La decisión implica su destitución inmediata del cargo como presidente del Consejo de la Judicatura por responsabilidad política directa.

La resolución se basó en la inoperancia manifiesta del funcionario en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y disciplina judicial. Durante la sesión, se invocaron artículos constitucionales y legales que rigen el control sobre las máximas autoridades del Estado. A pesar de haber remitido su renuncia irrevocable horas antes, el proceso de juicio político y censura continuó su curso legal.

Fundamentos de la interpelación por incumplimiento de funciones

Los asambleístas Viviana Veloz y Franklin Samaniego lideraron la acusación durante la jornada legislativa. Los interpelantes demostraron que Godoy falló en garantizar la independencia judicial y la probidad en la administración de justicia nacional. Estos elementos fueron determinantes para consolidar la postura del Pleno a favor de la censura y destitución.

Entre las pruebas presentadas, destacaron las presuntas presiones indebidas ejercidas contra jueces y la lentitud ante amenazas terroristas. El informe de la Comisión de Fiscalización subrayó que la gestión de Godoy resultó deficiente e ineficaz ante la crisis de seguridad. Por ello, el juicio político y censura se presentó como una respuesta necesaria para defender la institucionalidad del país.

Consecuencias legales e inhabilitación del exfuncionario

La sanción impuesta por el Legislativo no se limita únicamente a la pérdida del cargo administrativo. Tras la aprobación de la destitución y censura, Mario Godoy quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante dos años. Esta medida cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para estos casos de control.

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó que la votación refleja madurez política y respeto estricto a los procedimientos. La resolución será notificada de inmediato al Ministerio de Trabajo y al Consejo de Participación Ciudadana para los fines legales pertinentes. Así, la Asamblea Nacional concluye un proceso histórico que busca recuperar la confianza ciudadana en la justicia ecuatoriana.

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