Juicio penal contra dos policías en Cuenca por presunta concusión

Dos policías, Héctor Enrique J. y Joel Santiago A., enfrentarán un juicio penal en Cuenca por su presunta implicación en un caso de concusión. El juez de la Unidad Judicial Penal de esta ciudad tomó esta decisión luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía, manteniendo las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país para los procesados, así como las medidas de protección a favor de las víctimas.

Denuncia de concusión

El caso comenzó el 23 de abril de 2024, cuando dos servidores policiales denunciaron ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía que el encargado del área de Rastrillo, encargado de la recepción y entrega de armas de fuego en el Comando de Policía de la Subzona Azuay Nro. 6, les habría exigido 100 dólares a cambio de incluirlos en la lista para recibir sus armas de dotación.

Los denunciantes, como prueba, tomaron fotografías de los billetes y presuntamente entregaron 80 dólares a Héctor Enrique J., uno de los procesados. Tras la denuncia, el procesado fue detenido en su lugar de trabajo con un papel que tenía los apellidos de las víctimas, un signo de dólar y la cifra “80”. Además, se hallaron cinco billetes que sumaban 80 dólares. Los celulares tanto del detenido como de las víctimas fueron incautados.

Vinculación de un segundo policía

Durante la investigación, la Fiscalía vinculó a Joel Santiago A. al proceso. Según los informes, este segundo procesado habría contactado a una de las víctimas para exigirle 100 dólares con el mismo propósito de facilitar la entrega del arma de dotación. Esta evidencia llevó a su implicación formal en el caso.

Acusación de la Fiscalía

La acusación de la Fiscalía se basa en las versiones de las víctimas, las declaraciones de los agentes aprehensores, la pericia documental realizada a los billetes y al papel encontrado, así como en los resultados de la pericia de audio y video extraídos de los celulares incautados. Otros elementos como los informes investigativos y copias certificadas del sumario administrativo seguido en contra de uno de los procesados también forman parte de las pruebas presentadas.

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Información jurídica

Los policías están siendo procesados bajo el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quienes cometan concusión, un delito que involucra la exigencia de dinero de manera ilícita por parte de servidores públicos.