La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional inició formalmente un proceso de fiscalización por trolebuses adquiridos por el Municipio de Quito. Esta decisión surge tras una resolución del Pleno legislativo para investigar la gestión del alcalde Pabel Muñoz. La lupa se centra en las autoridades de las empresas públicas metropolitanas y sus recientes procesos de contratación pública.
Lucía Jaramillo, presidenta de la comisión, explicó que este control político es una prioridad para la transparencia institucional. La legisladora recordó que, bajo la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta mesa será la única encargada del caso. Este principio de exclusividad evita la duplicidad de funciones y garantiza un proceso ordenado sobre la adquisición de las 60 unidades.
Control político y respeto institucional
La mesa legislativa aseguró que el proceso de fiscalización por trolebuses se realizará bajo el respeto absoluto a la separación de funciones. La asambleísta Jaramillo precisó que el objetivo es ejercer un control técnico y político riguroso sin invadir competencias ajenas. La Asamblea Nacional busca determinar si hubo irregularidades administrativas o financieras en esta millonaria compra de transporte público.
Por su parte, el legislador Javier Ordóñez calificó esta acción como un acto de responsabilidad institucional ineludible. Ordóñez enfatizó que no se trata de un contrato ordinario de servicios para la ciudad. Lo que está bajo análisis es la legitimidad de las figuras legales utilizadas por la administración de Pabel Muñoz.
El polémico uso de la cooperación internacional
Uno de los puntos críticos de la fiscalización por trolebuses es el uso de convenios de asistencia técnica internacional. Según el asambleísta Ordóñez, se habría utilizado esta figura para evadir los controles estándar de la Ley de Contratación Pública. El legislador denunció la existencia de un «atajo contractual» que omitió deliberadamente el procedimiento de subasta inversa.
La asistencia técnica internacional debe responder a necesidades específicas y no servir como un mecanismo para agilizar compras de bienes comunes. La investigación buscará evidencias sobre por qué se eligió este camino legal para la renovación de la flota de transporte. Se sospecha que esta vía permitió seleccionar proveedores sin la competencia abierta que exige la normativa ecuatoriana vigente.
Lea también🔗: Comisión avocó conocimiento de Proyecto de Ley presentado por Samuel Célleri
Competencias de la Asamblea y antecedentes
La legisladora Arisdely Parrales defendió la facultad del Parlamento para auditar las actuaciones de los alcaldes en el país. Parrales argumentó que la fiscalización por trolebuses es una extensión necesaria de las competencias de la Asamblea Nacional. Los antecedentes de contrataciones fallidas en administraciones anteriores obligan a mantener una vigilancia permanente sobre los recursos del Estado.
La comisión citará en los próximos días a las autoridades del Municipio de Quito para que rindan sus versiones oficiales. Este proceso integral de fiscalización determinará si existen indicios de responsabilidad que deban ser remitidos a la Contraloría General del Estado. La transparencia en el manejo de los fondos públicos de la capital sigue siendo una demanda ciudadana urgente.
Interviene el asambleísta @XavierOrdonezOK , quien sostiene que la figura de cooperación internacional no puede ser utilizada para procesos de contratación de bienes normalizados y que el caso de los trolebuses debe ser analizado con responsabilidad institucional. pic.twitter.com/hWTQaT5yOm
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 22, 2026