Estado de Excepción, Decreto Ejecutivo No. 532
Mediante Decreto Ejecutivo No. 532, el presidente de la República Daniel Noboa decidió extender formalmente el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta medida extraordinaria busca frenar de forma drástica la delincuencia organizada y garantizar la plena seguridad ciudadana frente a la persistente violencia.
Las altas autoridades determinaron que las condiciones de riesgo y criminalidad continúan alterando gravemente el orden público. Por esta razón, el estado de excepción se prolongará durante treinta días adicionales para consolidar los logros operativos. La estrategia conjunta entre las fuerzas del Estado busca neutralizar definitivamente a los grupos armados que operan en las zonas más conflictivas.
Continuidad de los controles operativos y tácticos
Las fuerzas del orden mantendrán operaciones fuertemente focalizadas para proteger permanentemente a la población civil. El estado de excepción permite ejecutar acciones tácticas inmediatas en sectores urbanos y rurales catalogados como peligrosos. La presencia conjunta militar y policial refuerza notablemente la seguridad ciudadana en las regiones más golpeadas por el sicariato. Los operativos simultáneos debilitan las redes logísticas y financieras de las organizaciones delictivas. Ninguna organización criminal logrará impedir que el Estado recupere el control territorial absoluto y la paz social.
Suspensión temporal y focalizada de derechos específicos
El decreto ejecutivo ratifica la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales en las demarcaciones geográficas afectadas. Durante este estado de excepción, los agentes autorizados pueden realizar allanamientos sin orden judicial previa para capturar infractores. Asimismo, se supervisan las comunicaciones electrónicas para desarticular planes criminales en marcha antes de que se ejecuten. Estas acciones resguardan la seguridad ciudadana sin descuidar el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales. La sólida cooperación interinstitucional garantiza una respuesta firme, legal y proporcional ante cualquier amenaza armada.
Evaluación permanente y compromiso estatal firme
El Ejecutivo evaluará de forma permanente y objetiva los resultados operativos obtenidos en cada provincia incluida en la medida. Mantener el estado de excepción responde a la necesidad imperiosa de salvaguardar la vida y los bienes de los habitantes. La seguridad ciudadana sigue siendo el pilar fundamental indispensable para el desarrollo pacífico de la nación. El Gobierno central no escatimará recursos logísticos para erradicar la criminalidad y devolver la tranquilidad a los hogares.
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Las acciones desplegadas cuentan con el respaldo legal de la Constitución y los dictámenes constitucionales vigentes. El Bloque de Seguridad actúa bajo estrictos principios de necesidad y proporcionalidad en cada intervención. La ciudadanía desempeña un rol clave al colaborar mediante denuncias oportunas y canales oficiales. Solo mediante la unidad nacional y la firmeza institucional se logrará vencer definitivamente a las mafias.
