Corte y Judicatura afinan ley para frenar al crimen organizado

Corte y Judicatura afinan ley para frenar al crimen organizado

Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura proponen reformas al proyecto de ley de Solidaridad Nacional

La Comisión de Desarrollo Económico recibió nuevos aportes clave sobre el proyecto de Solidaridad Nacional. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) participaron en la sesión del lunes 2 de junio. Ambas instituciones propusieron reformas para mejorar el alcance del proyecto, que busca frenar el avance del crimen organizado.

Corte Nacional de Justicia pide mayor precisión

El delegado de la CNJ, José Gabriel Terán, entregó observaciones técnicas. Su objetivo es garantizar el derecho a la libertad y fomentar donaciones privadas a las entidades de seguridad. Estas donaciones deben servir para combatir a los grupos criminales.

Terán pidió especificar qué bienes pueden ser donados. Además, solicitó incluir el término “motivado” en los decretos presidenciales que activen la ley. Argumentó que esta motivación es fundamental para evitar abusos y asegurar la eficacia de la norma.

Consejo de la Judicatura sugiere ampliar funciones judiciales

Mario Godoy, presidente del CJ, explicó cómo operan los jueces anticorrupción. Propuso que también puedan conocer casos relacionados con el crimen organizado. Para ello, el CJ necesitaría 90 días para definir un nuevo catálogo de delitos aplicable a estos juzgados.

Godoy también recomendó que el CJ conserve la capacidad de crear nuevas unidades judiciales distritales. Estas deben responder a estudios técnicos que eviten el colapso del sistema, sobre todo ante causas del conflicto interno.

La Comisión analiza las recomendaciones

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión, agradeció los aportes recibidos por la Corte nacional de Justicia y el consejo de la Judicatura. Afirmó que todas las observaciones serán consideradas para la elaboración del informe para el segundo debate.

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La revisión de esta norma busca equilibrar el combate al crimen organizado con la seguridad jurídica y la eficacia institucional. Además, la posibilidad de integrar al sector privado mediante donaciones marca un enfoque novedoso.

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