Corte Constitucional califica la vía para la propuesta de Asamblea Constituyente

Propuestas para una Asamblea Constituyente en Ecuador

La Corte Constitucional del Ecuador ha recibido la propuesta de consulta popular para convocar a una asamblea constituyente. Este planteamiento se encuentra en el Decreto Ejecutivo N° 153 emitido por el Presidente de la República y fue enviado al organismo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para su pertinente control de constitucionalidad.

Proceso de calificación de vía

En el primer momento de este proceso, denominado calificación de vía, la Corte Constitucional emitió el Dictamen N° 11-25-RC/25. En este dictamen, se determinó que la propuesta presentada corresponde a la vía de asamblea constituyente, conforme a lo establecido por la Constitución y la ley ecuatoriana. La intervención de la Presidencia de la República en este proceso convalidó el trámite y solicitó agilidad en la resolución para evitar interferencias con los plazos del proceso electoral.

Facultades de la Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional destacó que la Asamblea Constituyente será la única entidad con la potestad de aprobar un proyecto de nueva Constitución. Este proyecto deberá ser sometido a un referéndum popular para su validación. Además, el dictamen hizo hincapié en que la Asamblea deberá observar los límites materiales que rigen el ejercicio del poder constituyente. Estos límites incluyen el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico y el respeto hacia los derechos humanos, así como las normas imperativas del derecho internacional.

Siguientes pasos en el proceso

El Pleno de la Corte ha decidido remitir el proceso a una jueza ponente, quien iniciará de manera inmediata el segundo momento correspondiente al control de constitucionalidad de la convocatoria. La Corte Constitucional reafirma su compromiso de operar dentro del marco de la ley y la Constitución, y continuará trabajando diligentemente en esta siguiente fase.

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El objetivo es garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los principios democráticos en el país. Esta etapa es crucial para la legitimidad del proceso y para asegurar que se atiendan adecuadamente los derechos de la ciudadanía en este ejercicio democrático.