Auditoría detecta millonario perjuicio a Petroecuador en el Campo Sacha
La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el informe de examen especial DNA4-SEyEP-0025-2026, el cual analizó en detalle el Acta de Finiquito del contrato No. 2007078. Este acuerdo civil correspondía al suministro, montaje, pruebas y puesta en marcha de los sistemas de compresión de gas en las estaciones Norte 1 y 2, Central y Sur de Petroindustrial, ubicadas en el Campo Sacha de la empresa pública EP Petroecuador. El periodo auditado comprendió desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2025.
Antecedentes y terminación unilateral del contrato
El contrato original data del 24 de agosto de 2007, pactado por un monto de USD 28’623.862,33 y un plazo de ejecución de 420 días. Sin embargo, debido a múltiples faltas por parte de la empresa contratista —incluyendo retrasos en la ejecución de obras, demoras en entrega de bienes y la falta de entrega de derechos de vía—, Petroindustrial declaró la Terminación Unilateral el 4 de febrero de 2010. Aunque el Consorcio interpuso recursos judiciales y constitucionales para frenar las multas notificadas en marzo de ese año, todas sus acciones fueron rechazadas por los tribunales.
Firmas irregulares y cálculo de intereses indebidos
El informe de auditoría reveló que el 21 de abril de 2021, exautoridades de Petroecuador suscribieron un Acta de Finiquito de forma irregular, omitiendo los criterios jurídicos pertinentes indispensables para este tipo de trámites. En este documento se liquidaron e incluyeron intereses calculados de forma retroactiva desde el año 2010 hasta el 2021. Esta operación financiera se basó en actas de trabajo previas al cierre legal definitivo, sin que existiera una obligación económica pura, líquida o legalmente exigible, generando una afectación directa al Estado por USD 9.484.382,30.
Omisión de cobro en multas y glosas predeterminadas
A la par del pago indebido de intereses, el equipo de la CGE determinó que en la liquidación final se dejaron de percibir rubros que ya se encontraban en firme:
- Multas perdonadas: Se omitió el cobro de sanciones contractuales por un valor de USD 7.874.423,62.
- Cuentas pendientes: No se cobraron saldos contables a favor del Estado que sumaban USD 1.518.084,12.
Debido a la acumulación de estas irregularidades operativas y financieras, la Contraloría predeterminó responsabilidades civiles por un total de USD 18.876.890,04. Paralelamente, el organismo planteó sanciones administrativas y multas de hasta USD 9.300 para los funcionarios públicos involucrados en las omisiones de control legal.