La Comisión de Garantías Constitucionales ha decidido iniciar un proceso formal de fiscalización sobre las presuntas vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante las recientes movilizaciones sociales. Este proceso se pone en marcha tras la expedición del Decreto Ejecutivo No. 126, el cual eliminó el subsidio al diésel, lo que generó un descontento generalizado.
Investigación de denuncias en Cotacachi y Otavalo
El documento aprobado por la Comisión detalla que el proceso de fiscalización abarcará denuncias vinculadas a las manifestaciones que tuvieron lugar en Cotacachi y Otavalo. Uno de los hechos más graves señalados es el asesinato del comunero indígena Efraín Fuerez, ocurrido en la provincia de Imbabura. Este trágico suceso ha despertado una fuerte preocupación por el respeto a los derechos humanos en la región.
Representantes indígenas expresan su preocupación
En este escenario, la Comisión recibió a dirigentes y representantes indígenas y sociales de localidades como Otavalo, Cotacachi e Imbabura. Entre los participantes se encontraban figuras conocidas como Soledad Puruhuá, Blanca Chancoso y Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). También asistieron líderes sociales como Rafael Negrete y Fabián Cabascango, quienes realizaron denuncias sobre la situación de derechos humanos en sus comunidades.
Denuncias de violencia y criminalización
Durante sus testimonios, los representantes denunciaron actos de violación a los derechos humanos. Enfatizaron la necesidad de liberar de manera inmediata a las personas detenidas durante las protestas, las cuales, según ellos, se llevaron a cabo en defensa de sus derechos colectivos. Subrayaron la importancia de investigar «situaciones de violencia, militarización, ataques con armas letales, difamación y criminalización” hacia los pueblos indígenas.
Categorización y dignidad
Los comparecientes, además, resaltaron que son artesanos, comerciantes y artistas que dependen de su labor para sobrevivir. Rechazaron ser etiquetados como terroristas, lo que consideran una descalificación a su lucha pacífica por derechos legítimos. Esta categorización ha generado un sentido de injusticia entre los comunitarios, quienes demandan el respeto a sus derechos.
Investigación y justicia
Durante el debate, los legisladores presentes afirmaron que los testimonios de los representantes indígenas serán investigados a fondo. También indicaron que los presuntos crímenes de lesa humanidad deberían ser examinados por la justicia ordinaria, lo que representa un paso hacia la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos en el país.
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Este proceso de fiscalización es un hito que podría marcar un cambio significativo en la forma en que se gestionan los derechos humanos en el contexto de las movilizaciones sociales, destacando la necesidad de justicia y reparación para las comunidades afectadas.