La Fiscalía General y la Policía Nacional ejecutaron un operativo simultáneo en tres provincias del país. La intervención se centró en una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada dentro de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Funcionarios de esta entidad estatal estarían dedicados al cobro ilegal de dinero a cambio de agilizar diversos trámites administrativos.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la ejecución de 19 allanamientos en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas. Durante estas acciones, las autoridades detuvieron al director nacional de la institución, Pedro Abril. Junto a él, otros ocho funcionarios fueron aprehendidos por su presunta vinculación con esta red de delincuencia organizada.
Detalles del Caso Jaque y pérdidas millonarias
La Fiscalía denominó a esta intervención como Caso Jaque, mientras que la Policía la registró como el Gran Operativo Fénix 3. Las investigaciones detectaron que este aparato de delincuencia organizada operaba tanto dentro como fuera de la ANT. Se estima que los trámites irregulares provocaron pérdidas superiores a los tres millones de dólares para el Estado.
El ministro Reimberg anunció que las oficinas de la agencia permanecerán cerradas durante 30 días. Este tiempo servirá para recabar nuevos elementos de convicción sobre el funcionamiento de la red. El funcionario aseguró que el Gobierno Nacional ha iniciado un proceso de depuración profunda para erradicar la delincuencia organizada de sus filas.
Perfil de Pedro Abril y sospechas previas
Pedro Abril asumió la dirección de la entidad el pasado 14 de julio de 2025. Previamente, desempeñó cargos de coordinación en la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) del Municipio de Quito. Según fuentes oficiales, desde su paso por la administración municipal ya existían sospechas sobre un esquema de irregularidades sistemáticas.
La detención de la máxima autoridad de tránsito marca un hito en la lucha contra la delincuencia organizada institucional. Las investigaciones actuales buscan determinar si los contactos establecidos en su cargo anterior facilitaron la expansión de la red criminal. La transparencia en la gestión pública se mantiene como la principal demanda de la ciudadanía tras este escándalo.
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Evidencias recolectadas en los operativos
Durante los 19 allanamientos, las unidades especializadas recolectaron una cantidad masiva de indicios vinculados al Caso Jaque. Los agentes incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles y 165 documentos relevantes. Estos elementos tecnológicos serán periciados para identificar a otros posibles cómplices y beneficiarios de los cobros ilegales.
Además, los uniformados hallaron 53.510 dólares en efectivo y un arma de fuego con dos alimentadoras y 29 cartuchos. La presencia de armamento refuerza la tesis fiscal sobre la peligrosidad y estructura de esta banda de delincuencia organizada. Los nueve detenidos han sido puestos a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos.
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— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 30, 2026