Suspensión de Mónica Palacios por 90 días
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tomó la decisión de suspender a la asambleísta Mónica Palacios por un período de 90 días, sin derecho a remuneración. Esta resolución fue adoptada el 25 de septiembre y generó revuelo en el ámbito político ecuatoriano.
La suspensión se basa en el voto mayoritario del CAL, que determinó aplicar los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estos numerales abordan las faltas administrativas muy graves, las cuales incluyen acciones que afectan la honra de otros asambleístas o autoridades.
La queja presentada por Nataly Morillo
La polémica sanción se origina a raíz de una queja por parte de la legisladora Nataly Morillo, perteneciente a la bancada de ADN. Morillo denunció a Mónica Palacios luego de que esta última durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad, la acusara públicamente de haber cometido un delito de tráfico de influencias.
Las acusaciones formuladas por Mónica Palacios apuntaron directamente al presidente Daniel Noboa y a su esposa, Lavinia Valbonesi. Según Palacios, ambos estarían vinculados con la empresa minera Dundee Precious Metals y presuntamente habrían entregado dinero a la Fundación Ana. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de un sustento sólido, lo que justificó la reacción del CAL.
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Implicaciones de la resolución
La medida ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Algunos críticos de la suspensión ven en esta acción un intento de silenciar voces disidentes dentro de la Asamblea. Por otro lado, defensores de la decisión argumentan que es necesario preservar la ética y la honra de los legisladores.