CAL Reanuda el Juicio Político Contra la Fiscal General Diana Salazar

CAL Reanuda el Juicio Político Contra la Fiscal General Diana Salazar

El CAL ordena retomar las solicitudes de enjuiciamiento político

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha decidido reactivar la sustanciación del juicio político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en respuesta a las solicitudes presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez. Estas solicitudes fueron introducidas el 27 de noviembre de 2023 y el 13 de mayo de 2024, respectivamente.

La solicitud de la Fiscal General

La Fiscal General, mediante el Oficio Nro. AN-FGE-DSP-2024-007872-O, pidió la reanudación del proceso judicial en su contra. Este documento fue clave para que el CAL tomara la decisión de que la Comisión de Fiscalización y Control Político retome el análisis y la sustanciación de las demandas de juicio político.

Unificación de las solicitudes

Además de ordenar la reactivación del proceso, el CAL autorizó a la Comisión de Fiscalización a resolver sobre la posible unificación de las solicitudes de juicio político presentadas contra Diana Salazar. Esta medida busca optimizar el trámite y evitar duplicaciones innecesarias, facilitando la calificación de los juicios antes de que procedan.

Contexto del juicio político

El juicio político contra la Fiscal General del Estado ha generado un amplio debate en el país, dado que las acusaciones planteadas en las solicitudes se relacionan con la presunta falta de cumplimiento en su labor como máxima representante del Ministerio Público. El proceso de fiscalización por parte de la Asamblea es clave para evaluar su actuación y garantizar que las funciones del Estado se lleven a cabo de manera transparente.

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Con la reanudación del proceso, la Comisión de Fiscalización y Control Político evaluará el contenido de ambas solicitudes para definir si existen bases suficientes para iniciar el juicio político contra Diana Salazar. El CAL ha dejado claro que este proceso deberá realizarse con total apego a la normativa vigente y respetando los derechos de las partes involucradas.

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