Asambleísta Dueñas busca reformar el COIP para sancionar delitos digitales contra menores

Cárcel para el abuso digital: Asamblea analiza sancionar la explotación sexual infantil mediante IA

La asambleísta por Esmeraldas, Karolina Dueñas, presentó formalmente un proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La propuesta responde urgentemente a los nuevos riesgos del entorno digital, donde herramientas de Inteligencia Artificial (IA) crean, simulan y difunden material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Nuevos tipos penales y penas severas

El proyecto de ley no solo busca actualizar las normas vigentes, sino crear figuras legales específicas para combatir delitos que no requieren contacto físico, pero que causan daños psicológicos profundos. Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentran:

• Producción y simulación: Se sancionará la creación de material de explotación generado sintéticamente mediante IA.
• Sanciones de hasta 19 años: Las penas privativas de libertad oscilarán entre los 7 y 19 años, dependiendo de agravantes como la discapacidad de la víctima o si el agresor pertenece al entorno familiar o educativo.
• Alcance transnacional: La ley castigará la comercialización, difusión y almacenamiento de este material, incluso si fue generado en el extranjero.

Agravantes y entorno de confianza

La iniciativa de la asambleísta Dueñas pone especial énfasis en el engaño y la suplantación de identidad en plataformas digitales. Se propone como circunstancia agravante el uso de algoritmos o IA para manipular a menores. Además, se establecen sanciones más drásticas cuando las víctimas sufren enfermedades graves, trastornos mentales o cuando el victimario es una persona de confianza.

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Protocolos de investigación digital

Para que la ley sea efectiva en la práctica, el proyecto incluye una disposición transitoria que otorga un plazo de 120 días a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional para actualizar sus protocolos. Esto incluye la creación de lineamientos especializados en investigación digital, preservación de evidencia en la «nube» y custodia de material sintético, garantizando que los ciberdelincuentes no queden impunes por falta de tecnicismo legal.