Asamblea Nacional aprueba fiscalizar el incremento patrimonial de alcaldes y prefectos

Control político a las autoridades seccionales

En una decisión unánime orientada a fortalecer la transparencia institucional y combatir la corrupción en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución de alto impacto. La medida dispone el inicio inmediato de un proceso de fiscalización integral enfocado en analizar, cruzar información y dar seguimiento a los presuntos incrementos patrimoniales injustificados reportados por alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas de todo el territorio ecuatoriano.

La investigación y el control político quedaron delegados de manera directa a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Esta mesa legislativa contará con un plazo improrrogable de 90 días máximo para levantar las líneas de investigación, procesar los datos de los organismos de control y presentar ante el Pleno de la Asamblea un informe vinculante que contenga conclusiones, observaciones técnicas y recomendaciones de sanción o archivo.

Facultades de la comisión y pedidos de información

La resolución aprobada por el Legislativo faculta ampliamente a los asambleístas de la comisión para requerir informes técnicos, balances contables de inicio y fin de gestión, así como expedientes reservados. Además, se agendarán de forma inmediata comparecencias obligatorias de autoridades locales en funciones, servidores públicos, especialistas económicos y representantes de las superintendencias.

Durante la sustentación del proyecto, el asambleísta Fernando Jaramillo argumentó que el proceso responde a una estricta obligación constitucional y a un clamor de la ciudadanía, que exige respuestas claras sobre la evolución de las fortunas privadas de los políticos desde que asumieron sus cargos de elección popular. Jaramillo recordó que las alertas nacen de exámenes preliminares emitidos por la Contraloría General del Estado y de rigurosas investigaciones periodísticas que pusieron al descubierto variaciones patrimoniales desproporcionadas y sin sustento comercial lógico.

Cooperación con la UAFE, SRI y Fiscalía

Durante la etapa de debate, los legisladores de las diferentes bancadas enfatizaron que el proceso se desarrollará bajo estricto respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. No obstante, para asegurar la efectividad técnica del cruce de datos financieros, el Parlamento solicitó la cooperación formal de las principales instituciones del ecosistema de control del Estado:

• Contraloría General del Estado: Para la entrega de las declaraciones juramentadas de bienes y sus respectivas auditorías de evolución.
• Servicio de Rentas Internas (SRI): Con el objetivo de auditar el pago del Impuesto a la Renta de las autoridades y sus empresas relacionadas.
• Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): Para rastrear operaciones inusuales, transferencias al exterior o adquisición de bienes a través de testaferros.
• Fiscalía General del Estado: En caso de que los informes de la mesa legislativa arrojen indicios de responsabilidad penal por presunto enriquecimiento ilícito.

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