La Asamblea Nacional de Ecuador dio un paso decisivo para frenar las nuevas modalidades de engaño criminal. Este martes, el Pleno analizó en primer debate el proyecto de ley que regula el uso de uniformes institucionales. La propuesta busca reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar delitos que facilitan la suplantación de autoridad.
Inés Alarcón, ponente del informe, destacó que las bandas delictivas ya no solo dependen de la fuerza física. Actualmente, los criminales utilizan el engaño y la simulación para infiltrarse en comunidades y cometer actos ilícitos. El uso de uniformes oficiales permite a los delincuentes montar escenarios falsos que confunden a la ciudadanía y vulneran la seguridad pública.
Simulación de autoridad y penas de cárcel
El proyecto introduce el delito de simulación de autoridad operativa con sanciones severas según la gravedad del acto. Quienes monten patrullajes o retenes engañosos mediante el uso de uniformes podrían enfrentar de uno a tres años de prisión. Esta medida busca desarticular la logística de bandas que operan bajo una fachada de legalidad institucional.
La sanción aumenta si estas acciones derivan en el ingreso a inmuebles o la privación ilegal de la libertad. En tales casos, la pena propuesta oscila entre los tres y cinco años de privación de libertad. Si el delito involucra específicamente a la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, la condena máxima alcanzaría los siete años.
Control estricto a la comercialización ilegal
La reforma también aborda el origen de los distintivos mediante el control a la comercialización no autorizada. El texto legal plantea castigar con uno a tres años de cárcel a quienes fabriquen o distribuyan estos elementos. Esta norma regula la venta, importación y circulación de cualquier distintivo militar o policial sin el permiso correspondiente.
El objetivo es cerrar los canales de acceso que permiten a civiles obtener equipos tácticos y credenciales falsas fácilmente. Al restringir el comercio ilegal, el Estado busca recuperar el control exclusivo sobre el uso de uniformes institucionales y sus símbolos. La medida obligará a los fabricantes y distribuidores a contar con registros oficiales para operar legalmente.
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Próximos pasos en la Comisión de Seguridad
Tras las intervenciones de los legisladores, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, dispuso el retorno del proyecto a comisión. La Comisión de Seguridad Integral será la encargada de procesar las observaciones presentadas durante este primer debate legislativo. Se espera que el informe para segundo debate fortalezca los mecanismos de control sobre el uso de uniformes institucionales.
El país requiere herramientas legales modernas que respondan a la sofisticación del crimen organizado y sus tácticas de suplantación. La ciudadanía demanda mayor protección frente a falsos operativos que atentan contra su integridad y su patrimonio. El trámite continuará en las próximas semanas para asegurar una reforma integral que garantice el orden institucional.
@InesAlarconOk, presidenta de @SeguridadAN, afirma que los uniformes han sido mal utilizados en robos, asaltos, extorsiones y secuestros: “No son solo ropa, son activos estratégicos de las @FFAAECUADOR, la #ReformaCOIP es necesaria para enfrentar la realidad actual”.… pic.twitter.com/kvitzEOh4h
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 20, 2026