Asamblea busca eficiencia en el uso de fondos públicos
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó recientemente el informe para segundo debate de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD. Esta propuesta legal, calificada como urgente, tiene como meta principal reestructurar el equilibrio entre el gasto corriente y los servicios básicos. La iniciativa surge ante la preocupación estatal por el excesivo uso de recursos en el pago de nómina administrativa.
Según la asambleísta Valentina Centeno, presidenta de la mesa legislativa, muchos municipios destinan la mayoría de su capital a salarios. Esta situación impide que las alcaldías y prefecturas cumplan con su obligación de proveer infraestructura esencial a la ciudadanía. Por ello, el texto legal busca garantizar la sostenibilidad financiera y la eficacia operativa en cada nivel de gobierno.
La regla 70/30 para priorizar la inversión pública
El núcleo de la reforma establece una distribución presupuestaria obligatoria y técnica para los gobiernos autónomos descentralizados. Se mantiene la regla que exige destinar el 70% del presupuesto total a obras de inversión y mantenimiento. Este porcentaje debe enfocarse directamente en garantizar el acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vialidad.
Por el contrario, la normativa limita estrictamente el gasto corriente al 30% del presupuesto institucional. En este rubro se incluyen los sueldos, salarios y otros egresos administrativos recurrentes que no generan un beneficio directo en infraestructura. La medida pretende corregir las distorsiones actuales, donde el 64% de las transferencias se consume en burocracia estatal.
Mayor control frente a indicios de responsabilidad penal
La transparencia es otro eje fundamental en esta reforma legal para los cantones y provincias del país. El proyecto incorpora mecanismos de rendición de cuentas que obligan a presentar informes financieros de manera trimestral. Estas herramientas permitirán monitorear que el ahorro en el gasto corriente se traduzca realmente en mejoras para la población.
Datos de la Contraloría General del Estado justifican plenamente la urgencia de estas medidas de control. Más del 30% de los exámenes especiales realizados recientemente reflejan indicios de responsabilidad penal en la gestión municipal. Se han detectado presuntas infracciones como tráfico de influencias y elusión de procedimientos en la contratación de servicios básicos.
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Autonomía responsable y beneficios ciudadanos
La reforma al COOTAD aclara que la autonomía de los gobiernos seccionales debe ejercerse bajo límites constitucionales específicos. No se puede invocar la descentralización para justificar una gestión deficiente o la falta de fiscalización estatal. El objetivo final es asegurar que cada dólar transferido por el Estado fortalezca el bienestar colectivo y la inversión.
Finalmente, el informe aprobado ratificó la exclusión de las juntas parroquiales de estas restricciones presupuestarias. La Comisión remitirá ahora el documento al Pleno de la Asamblea Nacional para su votación definitiva. Con esta ley, el país espera una transformación real que priorice el desarrollo social sobre el crecimiento desmedido del gasto corriente. La ciudadanía aguarda que estas reformas se traduzcan pronto en una mejor calidad de los servicios básicos en sus territorios.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 18, 2026
