El reciente caso de extorsión en el norte de Quito ha llevado a la sentencia de treinta y un personas por asociación ilícita. Estas personas realizaron actividades extorsivas desde un call center, lo que ha generado preocupación en la comunidad.
Detalles del caso por extorsión en Call Center de Quito
Las sentencias impuestas oscilan entre doce y dieciocho meses de privación de libertad. Durante la audiencia preliminar, los procesados optaron por un procedimiento abreviado. Al aceptar su participación en los delitos, acordaron con la Fiscalía las penas de acuerdo con la gravedad de sus acciones.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyeron testimonios de los propios acusados. Estos admitieron haber realizado llamadas y enviado mensajes a personas en el extranjero, exigiendo dinero a cambio de no atentar contra su integridad. Este modus operandi refleja un esquema de extorsión que utilizaba aplicaciones como Pegasus y Rimbill, además de servicios de mensajería instantánea.
Los extorsionadores enviaban contenidos gráficos impactantes que mostraban posibles mutilaciones, generando un ambiente de miedo y presión. Las acciones del grupo criminal se perpetraban desde el inmueble que albergaba el call center, lo que complicó las operaciones de las autoridades.
Operativo policial y pruebas adicionales
El operativo que culminó en la detención de los implicados se realizó el 25 de junio de 2025. Durante el mismo, agentes policiales presentaron testimonio sobre la captura y peritos de diversas áreas aportaron información relevante. Entre las pruebas se incluyeron el análisis financiero y la informática forense, que fortalecieron la acusación de la Fiscalía.
Pese a los esfuerzos realizados, la Jueza aceptó el pedido de juicio solo para tres de los trece procesados involucrados. Para diez de ellos se dictó un auto de sobreseimiento a pesar de la abundante evidencia presentada. La fiscal del caso ha decidido apelar esta decisión, destacando la insuficiencia de la Jueza al valorar las pruebas.
Investigaciones a futuro
Además de los delitos por asociación ilícita, la Fiscalía ha descubierto potenciales delitos adicionales. Se investiga el enriquecimiento privado no justificado y la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También hay sospechas sobre violaciones a la intimidad y pornografía infantil. Estas investigaciones preliminares están en línea con las competencias de la Fiscalía y subrayan la complejidad del caso.
Implicaciones legales
La asociación ilícita está contemplada en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo establece que quienes se asocien para delinquir pueden enfrentar penas de tres a cinco años de prisión. Las sentencias impuestas en este caso podrían ser una muestra de la firmeza de la justicia ecuatoriana ante el crimen organizado.
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El caso de extorsión en el call center en Quito no solo ilustra el avance en la lucha contra este tipo de delitos, sino que también pone de relieve los desafíos que enfrentan las autoridades judiciales. Las consecuencias imponen una reflexión importante sobre la prevención del delito y la protección de las víctimas de extorsiones que, lamentablemente, continúan afectando a la sociedad.
#ATENCIÓN | #Pichincha: mediante procedimiento abreviado, 31 personas son sentenciadas por #AsociaciónIlícita. #FiscalíaEc demostró que extorsionaban desde un call center, utilizando fotos y videos violentos para obligar a sus víctimas a pagar.
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 27, 2025