Proyecto urgente de Daniel Noboa genera debate sobre seguridad y legalidad en Ecuador
El presidente Daniel Noboa Azin presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente que busca combatir el auge de las economías criminales y responder al conflicto armado interno en Ecuador. Aunque el texto plantea medidas contundentes, también abre interrogantes sobre su alcance, impacto y viabilidad en el marco del Estado de derecho.
Medidas excepcionales bajo un nuevo marco legal
El proyecto propone instaurar un régimen legal alternativo al estado de excepción que permita actuar con mayor rapidez frente a amenazas de seguridad. Se busca autorizar el uso de la fuerza sin recurrir a mecanismos tradicionales, con el argumento de proteger a la ciudadanía y respaldar a las fuerzas del orden.
Asimismo, la norma califica a los delincuentes como “combatientes”, diferenciándolos de la población civil. Esto permitiría a las fuerzas estatales actuar sin restricciones en zonas controladas por grupos armados organizados.
No obstante, esta categorización despierta preocupación en juristas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre posibles excesos en el uso de la fuerza y una erosión de garantías constitucionales.
Poder ampliado para el Ejecutivo
El proyecto otorga al Presidente amplias facultades. Noboa podría emitir decretos ejecutivos en temas económicos y de seguridad, declarar zonas de seguridad y conceder indultos anticipados a uniformados involucrados en operaciones, incluso si enfrentan procesos judiciales en curso.
Estas atribuciones podrían interpretarse como una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que genera inquietud sobre los límites institucionales y la supervisión democrática.
Incentivos fiscales y reconstrucción económica
Desde una perspectiva económica, se incluyen incentivos como la deducción adicional del impuesto a la renta por donaciones a la Policía o las Fuerzas Armadas. Además, se prevé apoyo económico a emprendedores, productores agrícolas, jóvenes y actores de la economía popular.
Estas propuestas buscan reactivar las zonas más afectadas por la violencia y reconstruir el tejido social dañado. No obstante, el alcance real de estos incentivos dependerá de su ejecución efectiva y del control sobre su asignación.
Cambios al Código Penal y enfoque militar
El proyecto plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar como delito la pertenencia a grupos armados organizados. Se propone un procedimiento de juzgamiento expedito, con jueces y fiscales especializados, y medidas como detenciones autorizadas por el Bloque de Seguridad, sujetas a revisión judicial posterior.
También se establece que la prisión preventiva será la regla general en delitos relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, se excluye de esta medida a policías o militares que participen en estas operaciones.
Estas disposiciones, si bien buscan fortalecer la acción estatal, podrían provocar abusos de poder o falta de controles adecuados si no se garantiza un equilibrio institucional.
Declaración de objetivos militares
La ley permitiría declarar como objetivos militares a bienes muebles e inmuebles vinculados a economías criminales. Esto incluye viviendas, vehículos sin placas o polarizados, y propiedades relacionadas con narcotráfico, minería ilegal, secuestro o extorsión.
Aunque el objetivo es claro: golpear la infraestructura del crimen organizado, la ambigüedad sobre los criterios para estas declaratorias plantea riesgos de afectaciones a ciudadanos inocentes o vulneración de derechos fundamentales.
Una iniciativa con ambiciones y riesgos
El gobierno justifica esta propuesta como una respuesta urgente para recuperar la paz y la seguridad de los ecuatorianos. La presencia creciente del narcotráfico y de organizaciones criminales requiere sin duda acciones firmes del Estado.
Sin embargo, la iniciativa de Noboa suscita un necesario debate sobre los límites legales y éticos de las medidas propuestas. La efectividad en seguridad no puede desvincularse del respeto a la legalidad, los derechos humanos y el control democrático.
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La Asamblea Nacional tendrá ahora la responsabilidad de analizar a fondo este proyecto, ponderar sus beneficios frente a sus riesgos y garantizar que toda medida se mantenga dentro del marco constitucional.
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El presidente @DanielNoboaOk envió un proyecto económico urgente ante la nueva Asamblea Nacional. Esta propuesta normativa establece medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación de las economías criminales… pic.twitter.com/fJ2G5s9XxY
— Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) May 17, 2025
