Sentencian a Abdalá y Jacobo Bucaram por delincuencia organizada durante la pandemia

Condena judicial a Abdalá Bucaram por corrupción en plena emergencia sanitaria

El Tribunal de Garantías Penales dictó una condena de nueve años y cuatro meses de prisión contra el expresidente Abdalá B. O. y su hijo, Jacobo B. P. Las autoridades judiciales los ratificaron como colaboradores en el delito de delincuencia organizada. La resolución jurídica llega tras comprobarse su participación en una red de corrupción médica que operó en la crisis del Covid-19.

Las máximas sanciones para los autores principales

Las sanciones impuestas por el sistema de justicia variaron según el grado de responsabilidad. El exinspector de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, Leandro B., recibió la pena más alta con trece años y cuatro meses de cárcel como autor directo. Por su parte, Sheinman O., quien se acogió al mecanismo de cooperación eficaz, enfrentará una pena reducida de dos años y ocho meses de prisión.

Una estructura delictiva dedicada a la especulación

Los elementos probatorios de la Fiscalía demostraron la existencia de una red estructurada entre marzo y agosto de 2020. Esta organización perpetró ilícitos continuados de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos. La banda comercializó 21.000 pruebas diagnósticas, mascarillas y guantes sin Registro Único de Contribuyentes, evadiendo controles fiscales e incurriendo en una grave corrupción médica aprovechando la vulnerabilidad social.

Modus operandi e irregularidades financieras

Los peritajes presentados confirmaron que Jacobo B. P. adquirió el cargamento de pruebas por 321.000 dólares pagados íntegramente en efectivo. Esta transacción se ejecutó al margen del Sistema Financiero Nacional y sin posibilidad de trazabilidad. El extranjero Shy D., quien rindió testimonio de este pago no justificado, fue asesinado posteriormente en la Penitenciaría del Litoral.

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Uso ilícito de recursos y bienes públicos

La red delictiva utilizó vehículos oficiales y agentes uniformados para movilizar la mercancía desde Quito hasta Guayaquil. El exagente Leandro B. escoltó a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. hasta el domicilio de Abdalá B. O. En esa vivienda se almacenaron los insumos para su posterior venta irregular. La Fiscalía expuso registros audiovisuales y chats telefónicos donde los procesados fingían ser agentes diplomáticos o integrantes de la DEA para evadir controles.