Prisión preventiva tras operativo en Buenos Aires
La Justicia ecuatoriana determinó la medida de prisión preventiva contra ocho personas capturadas en delito flagrante en la parroquia Buenos Aires, perteneciente al cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. La Fiscalía General del Estado formuló cargos formalmente mediante dos procesos judiciales independientes, originados a partir de partes policiales con hechos y tipificaciones penales distintas. Todos los imputados enfrentan la privación de su libertad mientras avanzan las etapas procesales dictaminadas por el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de la localidad.
Incursión militar por amenazas a la población
Los hechos se desencadenaron durante la mañana del 7 de septiembre de 2026, cuando efectivos de las Fuerzas Armadas realizaban controles en el sector. Los habitantes de la zona alertaron previamente sobre la presencia de individuos, tanto de nacionalidad ecuatoriana como extranjeros, quienes los intimidaban contantemente con armamento de fuego. Al detectar la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron huir. Esto inició una persecución ininterrumpida que culminó con el allanamiento de dos inmuebles y la posterior detención de los implicados. Testimonios recabados entre los vecinos señalan que los aprehendidos afirmaban pertenecer al Frente “Oliver Sinisterra”.
Cargos por armamento privativo de uso militar
En la primera audiencia, la Fiscalía imputó a Josué M., John M., Brayan V. y Leo T. por el presunto delito de tenencia y porte de armas sin autorización, específicamente de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, tipificado en el artículo 360.1, inciso segundo, del COIP. Este ilícito contempla una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. Entre las evidencias incautadas en el primer domicilio consta un fusil, una alimentadora y catorce municiones.
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Segundo proceso y juicio mediante procedimiento directo
En la segunda causa, los procesados José M., Raúl P., Hernán H. y Luis P. enfrentan cargos por el delito de tenencia y porte de armas estipulado en el artículo 360, inciso segundo, del COIP, cuya sanción oscila entre tres y cinco años de prisión. Durante este allanamiento, las autoridades decomisaron un revólver, diez municiones y tres teléfonos celulares. La sanción prevista para este delito permite la aplicación del procedimiento directo, por lo que el magistrado fijó la audiencia de juzgamiento para el viernes 25 de septiembre a las 14:30. De esta forma, la medida de prisión preventiva se mantiene firme para la totalidad de los imputados en ambos casos.