El Consejo de la Judicatura reorganiza los juzgados anticorrupción en Ecuador

Reorganización del sistema de juzgamiento especializado anticorrupción

En el marco de la Declaratoria de Emergencia de la Función Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura reestructuró el modelo de juzgamiento especializado en la lucha anticorrupción. La decisión institucional se fundamentó en detallados informes técnicos, jurídicos y de planificación.

Diagnóstico del desequilibrio operativo actual

Los diagnósticos oficiales determinaron que el esquema vigente registraba una severa sobrecarga laboral y un desequilibrio operativo insostenible. Según datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuador (SATJE), el Tribunal Anticorrupción tramitó únicamente 234 expedientes en 12 meses para sus nueve magistrados. En contraste, dependencias penales ordinarias como la Corte Provincial de Pichincha superaron el 100% de su capacidad instalada.

Supresión de dependencias y redistribución de competencias

Para corregir esta saturación, las autoridades judiciales dispusieron la supresión de las dependencias especializadas contra la delincuencia organizada. A partir de esta resolución, las competencias legales serán asumidas por los jueces de la Unidad Judicial Penal Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha. La medida incrementará la capacidad operativa nacional al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados.

Asignación específica de funciones por dependencia

La redistribución de responsabilidades dentro del nuevo esquema funcional operará bajo el siguiente ordenamiento:

• Corte Provincial de Justicia de Pichincha: La Sala especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado conocerá los recursos de apelación y procesos de fuero.
• Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito: Asumirá formalmente la etapa de juzgamiento de las causas.
• Unidad Judicial de Garantías Penales (Mariscal Sucre): La dependencia competente en infracciones flagrantes atenderá de forma continua actos urgentes, flagrancias y medidas cautelares como la inmovilización de cuentas requerida por la UAFE.
• Unidad Judicial de Garantías Penales de Iñaquito: Tramitará los expedientes de la lucha anticorrupción y crimen organizado hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.

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Garantía de celeridad, continuidad y transparencia

Las causas en trámite con audiencias instaladas o suspendidas continuarán a cargo de los mismos juzgadores asignados originalmente. Asimismo, las autoridades darán mayor celeridad a los procesos de extinción de dominio para acelerar la recuperación de bienes de origen ilícito. Con esta reestructuración, la institución responde a la necesidad de fortalecer la transparencia del sistema, especialmente tras detectarse que varios juzgadores del antiguo esquema resultaron involucrados en investigaciones por delincuencia organizada.