Diez ciudadanos enfrentan prisión preventiva en Quito
La Justicia ordenó prisión preventiva contra diez ciudadanos investigados por el presunto delito de asociación ilícita en Quito. Entre los procesados constan nueve ecuatorianos y un ciudadano de nacionalidad china. El caso surgió tras una intervención policial realizada en un inmueble ubicado en el norte de la capital ecuatoriana. Según la información preliminar, desde ese lugar se habrían ejecutado comunicaciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y presuntas extorsiones.
Las investigaciones identificaron posibles víctimas en Ecuador y otros países de la región. Entre las naciones mencionadas constan México, Colombia, Perú y Chile. La Fiscalía y las autoridades judiciales deberán determinar las responsabilidades individuales durante el desarrollo del proceso penal.
Más de 200 dispositivos fueron localizados
La operación se ejecutó el 21 de agosto de 2026, después de que agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas recibieran una alerta anónima. Los policías ingresaron al inmueble y localizaron más de 200 dispositivos electrónicos. Entre los equipos constaban computadores, teléfonos celulares y otros aparatos tecnológicos que ahora forman parte de las investigaciones.
También encontraron dos armas traumáticas y mensajes presuntamente vinculados con amenazas e intimidaciones. Los agentes localizaron además imágenes de contenido violento durante el procedimiento.Personal especializado de la UNASE, Policía Judicial y Criminalística realizó el levantamiento y procesamiento técnico de los indicios. La magnitud del material incautado permitirá establecer el alcance real de las comunicaciones investigadas y sus posibles conexiones internacionales.
Una supuesta empresa de cobranza bajo investigación
De acuerdo con la información policial, el inmueble funcionaba aparentemente como una empresa dedicada a la cobranza. Sin embargo, las investigaciones preliminares identificaron una estructura organizada para administrar información y contratar personal. l grupo también habría distribuido datos entre sus operadores para realizar llamadas y gestionar contactos.
Aprehendidos:
- Viracocha Tipan Mercedes Estefania. Ecuatoriana. Cajera-Asistente
- Rosero Rivera Alison Mishell. Ecuatoriana. Asistente de talento humano
- Lin Tumbaco David Shinwei. Ecuatoriano. Traductor
- Salinas Chacón Janette Marisol. Ecuatoriana. Auditora en llamadas.
- Rosero Rivera Mahela Dominique. Ecuatoriana. Encargado
- Palomino Segura John Jairo. Ecuatoriana. Encargado
- Guapulema Bombón Jessica Janeth. Ecuatoriana # cabecilla. Posee antecedentes.
- Chica Loor Allison Fernanda. Ecuatoriana # Auditoría en llamadas. Posee antecedentes.
- Burga Ruales Verónica Marisol. Ecuatoriana. Cabecilla.
- Xiao Long Yang m. Chino. Representante legal y cabecilla.
Según la hipótesis investigativa, los operadores contactaban a personas registradas como deudoras. Cuando no recibían los pagos exigidos, presuntamente utilizaban amenazas e intimidaciones para presionar a sus objetivos. Las comunicaciones habrían circulado mediante plataformas como Facebook, Telegram y WhatsApp. Las autoridades investigan ahora si esta modalidad encubrió una estructura dedicada a cometer extorsiones contra ciudadanos de distintos países.
El proceso continuará mediante procedimiento directo
Los diez aprehendidos fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita, contemplado en el artículo 370 del COIP. El 22 de agosto, durante la audiencia de calificación de flagrancia, la autoridad judicial declaró legales las detenciones. Posteriormente, dispuso la prisión preventiva y emitió las correspondientes boletas constitucionales de encarcelamiento. La causa continuará mediante procedimiento directo, mientras las autoridades avanzan con el análisis de los elementos incautados.
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La audiencia de juzgamiento quedó prevista para el 14 de septiembre de 2026. La Policía destacó además el papel de las denuncias ciudadanas y la coordinación entre varias instituciones. El caso evidencia cómo una alerta anónima puede activar investigaciones contra posibles estructuras vinculadas con amenazas y extorsiones. También recuerda que los procesados mantienen las garantías del debido proceso hasta que exista una resolución judicial definitiva.