Pleno de la Judicatura destituye y sanciona a funcionarios en Esmeraldas, Carchi e Imbabura

Firmeza ante intentos de intimidación y amenazas

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) ratificó de forma unánime que no cederá ante amenazas ni intentos de intimidación externa. Durante la sesión ordinaria Nro. 058-2026, celebrada este 18 de mayo de 2026, la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, junto a los vocales de la institución, emitieron un enérgico pronunciamiento de respaldo institucional.

Este posicionamiento público se generó tras confirmarse una amenaza de muerte dirigida al subdirector de Control Disciplinario, funcionario encargado de sustanciar los sumarios administrativos contra los servidores judiciales en el país.

“Este Pleno no va a retroceder ni un paso en las decisiones que está tomando. Vamos a garantizar la protección de nuestro compañero y de todos quienes ejercemos nuestras funciones con firmeza y responsabilidad, pues nuestras decisiones parecen estar incomodando a ciertos sectores”, afirmó la doctora Caicedo.

Lea también🔗: Contraloría determina perjuicio de USD 18.8 millones por irregularidades en el Campo Sacha

Sanciones y destituciones del Pleno de la Judicatura

En el desarrollo de la misma sesión y como muestra de la depuración del sistema judicial, las autoridades adoptaron medidas disciplinarias severas contra tres funcionarios por negligencia en sus cargos:

• Destitución en Imbabura: Se dictó la destitución de J.P.C.A., quien se desempeñaba como secretario de una unidad judicial multicompetente. La sanción se aplicó tras comprobarse que tardó siete meses en entregar a un juez una demanda de recuperación internacional de una menor de edad, provocando un retraso grave en el proceso.
• Suspensión en Esmeraldas: Se suspendió por 30 días sin sueldo a W.E.G.P., secretario de la Unidad Judicial Civil. En este caso se determinó la pérdida de un expediente, aunque la reposición posterior de los documentos permitió continuar con el trámite y mitigar los daños.
• Suspensión en Carchi: Se aplicó una suspensión de 30 días sin remuneración a M.C.C.P., jueza del Tribunal de Garantías Penales. La juzgadora incurrió en una dilación injustificada al tardar nueve meses y 15 días en pronunciarse sobre una acción de protección, vulnerando la celeridad que exigen estas garantías constitucionales.