Con 86 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó la sanción que impone una suspensión de 150 días sin remuneración a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Esta medida, aprobada en un sumario administrativo, también generó cuestionamientos sobre las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, encargada de aplicar la sanción.
El Parlamento, además, autorizó a la Presidencia de la Asamblea para presentar una solicitud de interpretación a la Corte Constitucional sobre el caso. A su vez, convocó a la ministra Núñez a comparecer ante el Pleno, donde deberá explicar el procedimiento y justificar la sanción impuesta a Abad.
La vicepresidenta Abad defiende su posición
Durante su intervención en la Asamblea, la vicepresidenta Abad calificó la sanción como parte de una serie de acciones para obstaculizar la sucesión presidencial. En sus palabras, “la única persona que traicionó al Ecuador es el presidente”. Además, Abad solicitó a la Asamblea rechazar el sumario administrativo, al que consideró como una “condena sin prueba”. Sus abogados han pedido que se revisen presuntas irregularidades en el procedimiento.
Abad también denunció una falta de seguridad desde su salida del país y aclaró que nunca solicitó un traslado a Turquía, como se le ha acusado.
Reacciones de los legisladores
La legisladora Lucía Pozo afirmó que el país se encuentra “a oscuras”, tanto por la crisis energética como por la falta de respaldo del presidente. “Esta Asamblea no será cómplice de la ruptura del orden constitucional”, enfatizó Pozo.
En la misma línea, los legisladores Inés Alarcón, Luzmila Abad y Sofía Sánchez destacaron que la ley debe ser equitativa para todos los funcionarios públicos. “Si no fuera por la muerte cruzada, usted enfrentaría un juicio político”, agregó Abad, dirigiéndose al presidente.
Por su parte, Sánchez señaló que esta no es una defensa personal hacia Verónica Abad, sino una defensa de la institucionalidad. Según la legisladora, la ministra de Trabajo ha “violado toda normativa constitucional”.
Legisladores critican centralización del poder
El asambleísta Jorge Peñafiel sostuvo que el caso apunta a una consolidación del “poder absoluto”. Recordó que, si bien la vicepresidenta fue candidata junto al presidente, ambos fueron elegidos por voto popular. Peñafiel calificó el sumario administrativo como una “aberración jurídica”, insistiendo en que la medida es “ilegal e inconstitucional”.
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Llamado a revisar el proceso administrativo
La Asamblea resolvió alertar a autoridades e instituciones públicas para que revisen el proceso administrativo ejecutado por el Ministerio de Trabajo. Se espera que en los próximos días se realice un análisis exhaustivo de las acciones que derivaron en la sanción contra la vicepresidenta.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 13, 2024
