Siete agentes de tránsito procesados en Quito por corrupción en caso “Pico y Plata”

Siete agentes de tránsito procesados en Quito por corrupción en caso "Pico y Plata"

Inicio del proceso judicial en caso “Pico y Plata”

Se inició el proceso penal contra siete agentes metropolitanos de tránsito, en el denominado caso “Pico y Plata”, acusados del presunto delito de concusión. Los agentes, identificados como Cristian B., Oscar M., Luis G., José P., Henry T., Fernanda G. y Víctor V., habrían exigido sumas de dinero a conductores en Quito a cambio de no reportar infracciones, especialmente en relación con el incumplimiento de la medida pico y placa. La Fiscalía General del Estado fundamentó el inicio del proceso penal contra los implicados.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó pruebas clave, que incluyen seguimientos, interceptaciones telefónicas y análisis de relaciones entre los implicados. Estas pruebas sugieren la existencia de una presunta red de corrupción operada por los agentes metropolitanos.

Medidas cautelares impuestas por el juez

El juez especializado en Anticorrupción dictó medidas alternativas a la prisión, tales como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades competentes. La instrucción fiscal del caso se extenderá por noventa días, durante los cuales se analizará la información incautada.

Allanamientos y evidencias incautadas

La madrugada del 17 de octubre de 2024, se llevaron a cabo catorce allanamientos en distintos sectores de Quito, como parte de la investigación del caso “Pico y Plata”. Durante estas operaciones, las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, licencias de conducir y matrículas de vehículos. Todo el material está ahora bajo custodia y será examinado para determinar su relevancia en el caso.

Contexto legal del delito de concusión

El delito de concusión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 281. Este delito sanciona a funcionarios públicos que, abusando de su cargo, exijan la entrega de bienes o dinero de manera indebida. La pena por este delito varía entre tres y cinco años de prisión.

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La Fiscalía General del Estado ha hecho un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier tipo de acto de corrupción cometido por servidores públicos. La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, bajo el programa “Quito Honesto”, ha recibido varias denuncias que han sido fundamentales para avanzar en este proceso judicial.

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