Con 84 votos, el Pleno aprueba ley que fortalece el sistema penitenciario

Hacia el control estatal absoluto del sistema penitenciario

En una sesión histórica desarrollada en la Universidad Católica de Cuenca, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 84 votos afirmativos, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Esta normativa, impulsada por la Comisión de Seguridad Integral, surge como una respuesta técnica y legal frente a la crisis carcelaria, buscando erradicar la gobernanza criminal y restablecer la soberanía del Estado en todos los centros de privación de libertad del país.

Pilares de la reforma: Profesionalización y pruebas de confianza

La presidenta de la comisión, Inés Alarcón, enfatizó que la ley se sostiene sobre ejes fundamentales como la inteligencia penitenciaria y la profesionalización del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Entre las nuevas exigencias, se implementarán pruebas de confianza obligatorias para el ingreso y permanencia del personal. Además, la reforma valida el uso legítimo de la fuerza y permite la cooperación estratégica de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para suplir el actual déficit de guías.

Clasificación por peligrosidad y regímenes especiales

Un cambio sustancial en la normativa es la obligatoriedad de clasificar a las personas privadas de libertad (PPL) según su nivel de riesgo y seguridad. Se establece un régimen especial para reos de alta peligrosidad, diseñado para desarticular las estructuras que operan desde el interior de los pabellones. Asimismo, se crean grupos especiales de intervención capacitados para actuar en situaciones de crisis y restablecer el orden de manera inmediata bajo estándares de derechos humanos.

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Rehabilitación mediante el trabajo y combate a la corrupción

La Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario no solo se enfoca en la seguridad, sino también en la reinserción social. Se ha incluido una disposición transitoria que otorga al SNAI un plazo de 36 meses para implementar políticas de trabajo penitenciario. «No hay otra forma de lograr la rehabilitación que a través de la dignificación mediante el trabajo«, sostuvo Alarcón. Por su parte, las legisladoras Lucía Jaramillo y Ana Belén Tapia coincidieron en que recuperar el control de las cárceles es un paso ineludible para garantizar la paz de las futuras generaciones y terminar con los centros de operación del crimen organizado.