Inmunidad parlamentaria no es impunidad afirma presidente del Legislativo

Asamblea Nacional redefine el alcance de la inmunidad parlamentaria

El titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, sentó una postura firme este lunes respecto a los privilegios de los legisladores. Durante su intervención, Olsen subrayó que la inmunidad institucional no debe interpretarse como un salvoconducto para la impunidad parlamentaria. Bajo esta premisa, informó la suspensión del tratamiento del pedido de autorización para enjuiciar al asambleísta Juan Andrés González. Esta medida responde a una querella por calumnia interpuesta por la legisladora Naila Quintana, marcando un precedente en el manejo ético del poder.

El plazo administrativo como mecanismo de justicia

La resolución de la presidencia del Legislativo se ampara en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dicha normativa establece que, si el pleno no resuelve la solicitud de enjuiciamiento en un periodo de treinta días, la autorización se considera otorgada automáticamente. Olsen enfatizó que el país exige transparencia y que nadie, independientemente de su cargo, debe situarse fuera del alcance de la ley. La intención es evitar que el fuero sea utilizado como una herramienta para el abuso de poder o la obstrucción judicial.

Defensa del ejercicio legislativo y responsabilidad ciudadana

Para el presidente del Parlamento, la impunidad parlamentaria es una barrera que debe eliminarse para fortalecer la democracia. «Ser asambleísta exige actuar con mayor compromiso frente al Ecuador«, añadió, destacando que la independencia legislativa está protegida, pero no exime de responsabilidades legales por actos individuales. Olsen reiteró que su gestión colaborará activamente con la justicia para asegurar que los procesos se desarrollen sin interferencias políticas ni privilegios indebidos, respondiendo al clamor ciudadano de instituciones más firmes.

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Reacción del legislador procesado y denuncias de persecución

Por otro lado, Juan Andrés González calificó la decisión como una estrategia de persecución política orquestada por el bloque oficialista. A través de sus canales digitales, el asambleísta defendió su labor, alegando que sus declaraciones forman parte de sus facultades de fiscalización y no constituyen una calumnia. González aseguró que su inmunidad parlamentaria fue levantada injustamente para judicializar su postura crítica. A pesar del proceso legal en curso, el legislador afirmó que continuará con sus actividades de control bajo el argumento de que actúa en beneficio del pueblo ecuatoriano.