Corte Constitucional: Protección de derechos y límites constitucionales
Las garantías jurisdiccionales representan el baluarte principal para la defensa de los ciudadanos frente a posibles vulneraciones estatales. Sin embargo, su eficacia depende directamente de que los jueces respeten su objeto y finalidad esencial. Recientemente, la Corte Constitucional ha emitido fallos determinantes para evitar que estas herramientas legales se utilicen con fines económicos desproporcionados.
En la Sentencia 253-24-JP/26, el máximo organismo de control analizó una acción de protección presentada por ex trabajadores de Petroecuador. Este proceso judicial pretendía el cobro de 120 millones de dólares bajo conceptos de riesgos laborales colectivos. El tribunal concluyó que el uso de esta vía fue inapropiado para resolver controversias de naturaleza estrictamente laboral y económica.
La desnaturalización de la acción de protección
La Corte determinó que se produjo una clara desnaturalización de la acción de protección al aceptar demandas colectivas sin análisis individuales. Los jueces de instancia no verificaron el estado de salud de cada accionante ni establecieron el nexo causal necesario. En lugar de tutelar derechos, el proceso se transformó en un mecanismo para captar recursos públicos de forma indebida.
Además, las autoridades judiciales dictaron medidas coercitivas que la ley prohíbe expresamente contra el Estado. Entre estas acciones destacan embargos de bienes públicos, retenciones de cuentas estatales y restricciones a la libertad de tránsito de funcionarios. Estas decisiones vulneraron el régimen de riesgos del trabajo y la jurisprudencia constitucional vigente en el país.
Responsabilidad judicial y ética profesional
El fallo señala un error inexcusable cometido por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Esmeraldas. Estos magistrados confirmaron una reparación económica millonaria ignorando los procedimientos legales establecidos en la LOGJCC. La Corte Constitucional fue enfática al señalar que las garantías jurisdiccionales no pueden servir como instrumentos de presión política o financiera.
Como consecuencia de estas irregularidades, el Organismo dispuso que el Consejo de la Judicatura inicie los procesos disciplinarios correspondientes. También se notificó a la Fiscalía General del Estado para investigar un posible abuso del derecho por parte de los abogados. Esta decisión busca sentar un precedente sobre la responsabilidad ética en el ejercicio del derecho constitucional.
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Hacia un sistema de justicia transparente
El correcto ejercicio de la acción de protección es vital para la salud democrática de la nación. La justicia debe garantizar que las garantías jurisdiccionales permanezcan como mecanismos de auxilio inmediato para víctimas reales de abusos de poder. Evitar la instrumentalización del sistema judicial protege los recursos públicos y asegura la igualdad ante la ley para todos los ecuatorianos.
La Corte Constitucional reafirma así su rol como guardiana de la integridad del ordenamiento jurídico nacional. Con estas sentencias, se envía un mensaje claro contra la corrupción y la ligereza en la administración de justicia estatal.
🔵#BoletínCC | La Corte Constitucional reafirma que las garantías jurisdiccionales no pueden ser desnaturalizadas ni utilizadas para fines ajenos a la protección de derechos. El control constitucional protege la seguridad jurídica y los recursos públicos. pic.twitter.com/YT0D2HKD9q
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) February 2, 2026