El Ejército Ecuatoriano, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), ejecutó una intervención contundente en el sur del país. Las operaciones militares se concentraron en los sectores de Culebrillas, Gallos y Aillón, pertenecientes al cantón Sígsig, en la provincia del Azuay. El objetivo principal fue neutralizar focos de minería ilegal que degradan el ecosistema y financian estructuras criminales.
Desarticulación de infraestructura delictiva
Durante las jornadas de rastrillaje, las fuerzas del orden localizaron y aseguraron zonas de difícil acceso utilizadas para la extracción de minerales. Los uniformados identificaron 14 campamentos utilizados por los trabajadores informales para pernoctar y coordinar sus actividades. Estas estructuras, junto con una vivienda improvisada, fueron destruidas por el personal militar para evitar que sean reutilizadas en el futuro.
El impacto contra la minería ilegal en esta zona de Azuay fue inmediato y severo. Las autoridades informaron sobre la aprehensión de una persona que se encontraba en el sitio durante el despliegue. Este individuo fue puesto a órdenes de la justicia para los trámites legales correspondientes por delitos contra los recursos naturales.
Destrucción de maquinaria y equipos pesados
Uno de los puntos más críticos de la operación fue la inhabilitación de maquinaria costosa. El Ejército procedió a la destrucción de siete retroexcavadoras que operaban sin ningún tipo de permiso ambiental en Azuay. Estas máquinas representan el corazón logístico de la minería ilegal debido a su capacidad para remover grandes volúmenes de tierra en poco tiempo.
Además de las excavadoras, se neutralizaron seis generadores eléctricos, tres bombas de agua y una clasificadora tipo “Z”. El decomiso incluyó 300 galones de combustible y 16 tacos de dinamita artesanal, elementos de alta peligrosidad para la seguridad pública. La destrucción de estas herramientas tecnológicas busca frenar definitivamente la cadena de producción ilícita en la región.
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Golpe financiero al crimen organizado
Los informes técnicos del Ejército estiman que las pérdidas para las organizaciones delictivas superan el millón de dólares. Este golpe financiero debilita la capacidad de operación de quienes lideran la minería ilegal en la provincia del Azuay. La estrategia militar no solo busca el control territorial, sino también la asfixia económica de las economías subterráneas.
La institución castrense afirmó que continuará ejecuntando las operaciones militares de forma permanente en todo el territorio nacional, con el objetivo adiconal de que estas acciones reduzcan la contaminación de los ríos y bosques afectados por la actividad extractiva no autorizada en el austro.
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— Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) December 22, 2025