Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas han emitido un pronunciamiento alarmante. Revelando una serie de anomalías que afectan gravemente tanto a la institución como a los empleados. Entre las preocupaciones planteadas se incluyen retrasos significativos en los procesos de dragado, incumplimientos en contratos de servicios y dificultades logísticas que ponen en riesgo la operatividad misma del puerto.
Retrasos en el dragado y problemas contractuales
El contrato de dragado, inicialmente programado por un plazo de 24 meses, está experimentando demoras significativas. Según los trabajadores, este proyecto debería completarse en 6 a 7 meses, lo que refleja una grave ineficiencia. Estos retrasos afectan directamente la capacidad operativa del puerto, lo que podría tener consecuencias económicas devastadoras.
Los trabajadores también denuncian que hay interferencias políticas que impiden la ejecución de proyectos cruciales. Se menciona que desde Contecón en Guayaquil se ha enviado un documento al Ministerio de Transporte y a la Subsecretaría de Puerto, solicitando que se prohíban las delegaciones y concesiones para el puerto de Esmeraldas.
Otra de las graves denuncias es la falta de servicios básicos para los empleados, como alimentación y transporte. Estas carencias ponen en riesgo la seguridad y el bienestar del personal, generando un ambiente laboral insostenible.
Llamado a la intervención y transparencia
Para abordar estas preocupaciones y restaurar la transparencia, los trabajadores están solicitando la intervención de fiscales externos que supervisen los procesos de manera imparcial y efectiva. Esto es crucial para evitar el posible cierre del puerto, lo que tendría un impacto devastador en la economía local y pondría en peligro más de 2.000 puestos de trabajo en la provincia de Esmeraldas.
“Nosotros como trabajadores levantamos nuestra voz de protesta… que se está yendo a un debacle y al cierre de una institución que genera más de 2.000 plazas de empleo.”
El cierre del puerto de Esmeraldas tendría un impacto devastador en la economía local. Más de 2.000 puestos de trabajo están en riesgo, lo que podría agravar la situación económica de la provincia y aumentar el desempleo.
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Las autoridades competentes deben tomar medidas urgentes para abordar estas preocupaciones y garantizar la estabilidad y el funcionamiento continuo del puerto. Es imperativo asegurar la seguridad laboral de los empleados y la operatividad del puerto para evitar un impacto negativo en la economía de la región.
