Declaratoria del 5 de agosto de 1820 como Fecha Cívica Nacional en el contexto histórico y legislativo
Los asambleístas Samuel Célleri (PSC, Esmeraldas) y Fricson George (RC5, Guayas) han reactivado el debate sobre declarar el 5 de agosto de 1820 –fecha del Primer Grito de Independencia en Esmeraldas– como Fecha Cívica Nacional. Tras el primer Simposio Internacional de Historia de Esmeraldas (diciembre 2025), ambas iniciativas buscan oficializar esta efeméride, aunque con enfoques distintos.
Célleri presentó el 10 de diciembre de 2025 un proyecto de ley para incorporar esa fecha al calendario cívico nacional. Días después, George presentó el 18 de diciembre un proyecto de reforma legal para declarar el 5 de agosto feriado obligatorio en todo el país. Ambos señalan que la gesta esmeraldeña antecedió a otras luchas independentistas y piden “justicia histórica”, pero el trasfondo político suscita interrogantes.
Proyecto de Samuel Célleri: énfasis pedagógico y cultural
El proyecto de Célleri propone una ley orgánica que declara el 5 de agosto de 1820 como Fecha Cívica Nacional, incorporándola al calendario cívico escolar. Busca que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y demás entidades públicas incluyan en sus programas y planes educativos esta efeméride. Además, obliga a escuelas, gobiernos locales y organismos culturales a realizar cada año actos cívicos, académicos, culturales y comunitarios para difundir el significado histórico del Primer Grito de Independencia de Esmeraldas.
Según Célleri, la rebelión en Rioverde marcó el inicio de la independencia ecuatoriana y esta conmemoración representa «una reparación histórica y una reivindicación de la identidad, autonomía y resistencia de los pueblos afrodescendientes» de Esmeraldas. El proyecto enfatiza la educación y la cultura popular como formas de visibilizar a los héroes locales, pero se centra casi exclusivamente en el aspecto simbólico y formativo, sin detallar recursos presupuestarios.
Proyecto de Fricson George: impacto laboral y simbólico
El proyecto de Fricson George plantea modificar la Ley de Servicio Público y el Código de Trabajo para declarar el 5 de agosto como Fecha Cívica Nacional y establecerlo como día de descanso obligatorio, junto a otras efemérides patrias. En su exposición remite a estudios del Simposio de Historia de Esmeraldas, destacando “vacíos y omisiones” en la memoria nacional que han invisibilizado la gesta esmeraldeña. Propone que, además de los ya reconocidos, se añada el 5 de agosto a la lista de feriados nacionales, lo que implicaría un día no laborable para trabajadores públicos y privados.
Paralelamente, la iniciativa prevé que el Estado y entidades locales fomenten actividades de difusión histórica y conmemoración del 5 de agosto como parte del fortalecimiento de la memoria histórica nacional. A diferencia de Célleri, George no resalta explícitamente a los pueblos afrodescendientes, pero subraya la necesidad de integrar esta fecha en el calendario patrio como ocurre con otras ciudades del país. Su propuesta es de corte más formal y laboral: convierte simbólicamente la efeméride en feriado y extiende su reconocimiento oficial a todos los ecuatorianos.
Enfoques contrastados
- Pedagógico y cultural: Célleri aboga por un enfoque educativo. Su proyecto dicta la creación de contenidos curriculares y actividades pedagógicas para difundir la historia del 5 de agosto. Busca “fortalecer el conocimiento histórico” a través de actos culturales y cívicos en colegios e instituciones públicas.
- Laboral y simbólico: George apuesta por el marco jurídico-laboral. Su propuesta fija el día como feriado obligatorio (sumándose a otros 10 de agosto, 9 de octubre, etc.), además de promover jornadas de reflexión histórica desde organismos estatales. La iniciativa reformadora tiene un carácter técnico-normativo orientado a formalizar la efeméride en la legislación laboral.
Ambas iniciativas comparten el objetivo de visibilizar la independencia esmeraldeña, pero difieren en sus destinatarios: una actúa principalmente en escuelas y cultura, la otra en la vida laboral y el reconocimiento oficial. Célleri enfatiza que la causa esmeraldeña fue anterior al grito de Guayaquil y destacó el papel de las comunidades afrodescendientes, mientras que George insiste en reconocer el día como feriado nacional
¿Reparación histórica o intereses políticos?
Las propuestas llegan en un contexto en que líderes afrodescendientes y locales han reclamado desde hace años este reconocimiento oficial. En el simposio histórico, activistas y académicos acordaron impulsar ante la Asamblea una declaratoria nacional para el 5 de agosto, calificándolo de “acto de justicia histórica hacia la provincia y las comunidades afrodescendientes”. Historiadores opinan que visibilizar este aporte sitúa a Esmeraldas al nivel cívico de Quito o Guayaquil.
No obstante, la retórica de reivindicación convive con la realidad socioeconómica de Esmeraldas. Según datos del INEC, esta provincia enfrenta “la tasa de desempleo más alta del país (8,6%)” y más de la mitad de su población vive en situación de pobreza. En la práctica, problemas como la falta de empleo adecuado y la precariedad económica golpean duramente a sus habitantes. En ese panorama, muchos se preguntan si la creación de un nuevo feriado o acto cultural incide de verdad en el bienestar ciudadano o si distrae de necesidades urgentes como infraestructura, salud y empleo.
Además, al ser proyectos de ley presentados en vísperas de un nuevo periodo legislativo y electoral, surgen sospechas de oportunismo político. La promoción de fechas cívicas suele generar simpatía popular, especialmente en áreas históricamente marginadas. Algunos críticos advierten que esta “memoria oficial” puede instrumentalizarse: se reconoce al héroe local, pero poco se hace por su legado vivo. A fin de cuentas, los textos legislativos de ambos proyectos son breves y simbólicos; ninguno incluye, por ejemplo, cláusulas específicas para financiar programas de desarrollo en Esmeraldas o mejorar las condiciones de las comunidades afrodescendientes.
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Conclusión reflexiva
En suma, declarar el 5 de agosto como Fecha Cívica Nacional podría constituir un gesto de reconocimiento de la gesta emancipadora esmeraldeña. Sin embargo, la divergencia de enfoques —cultural versus laboral— y la coyuntura política invitan a la prudencia. La pregunta que queda en el aire es: ¿serán estas iniciativas un verdadero acto de justicia histórica para Esmeraldas y sus pueblos afrodescendientes, o simplemente un medio para capitalizar políticamente una fecha emblemática? ¿Hasta dónde la “memoria histórica” se convierte en un instrumento de unidad nacional y cuándo pasa a servir a intereses de partido?